El fiscal Manuel Campoy ha pedido que se abran diligencias previas en el juzgado para establecer si se ha podido cometer un presunto delito medioambiental en una finca de Cala Tarida de 15.000 metros cuadrados y con capacidad para 25.000 metros cúbicos en la que se han vertido de manera incontrolada residuos de todo tipo.
La solicitud del ministerio público se realiza tras haberse estudiado en la Fiscalía los informes que se demandaron a distintos organismos a fin de conocer el estado real de la situación.
Los indicios sobre las presuntas irregularidades cometidas en la zona han sido extraídos tras los informes aportados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Eivissa, el Consell Insular y la dirección general de Residuos de la conselleria de Medi Ambient del Govern.
La Fiscalía considera oportuno que para ahondar en esta investigación se tome declaración en el juzgado a seis personas y a los responsables de dos sociedades que se cree implicadas en los vertidos, todos ellos en calidad de imputados. Asimismo se piden otras pruebas complementarias encaminadas a profundizar dentro de esta misma investigación que ya quedaría en manos del juzgado al que le toque instruir esta causa.
La declaración de dichas personas, de igual modo, se considera necesario para aclarar el presunto grado de responsabilidad de cada una de ellas y establecer si es necesario solicitar que alguna se siente en un banquillo para responder formalmente de una acusación por la posible comisión de un delito medioambiental.