El Consell de Govern dio ayer el visto bueno definitivo a la ley de cupos «por unanimidad», según dijo el conseller de Presidència, Antoni Garcías. El Govern ha remitido el texto al Parlament y ha solicitado que se tramite por vía de urgencia para evitar que la larga tramitación de los presupuestos interfiera con una ley considerada estratégica por parte del Ejecutivo.
No obstante, esta petición de urgencia puede volver a provocar tensiones con Unió Mallorquina (UM), aliado político en la cámara, que ya ha solicitado una tramitación «pausada» de la ley. El problema al que se enfrenta el Ejecutivo del presidente Francesc Antich es que los nacionalistas quieren que el Plan Territorial de Mallorca se apruebe antes que la ley de cupos.
El texto decretado ayer incluye una serie de modificaciones con respecto al documento que el propio Govern remitió al Consell Econòmic i Social (CES). Para empezar, como ya estaba anunciado, el Govern ha suprimido la fase conocida como «aterrizaje», que marcaba un descenso paulatino del crecimiento del 2'5, el 1'75 y el 1 por ciento. Se aplicará el 1 por ciento desde el primer momento.
Otra modificación sustancial deviene de un pacto previo al que el PSOE llegó con UM. El 1 por ciento no se aplicará de forma lineal en cada municipio, sino que sumará el total correspondiente a cada isla y serán los consells quienes decidan el reparto.
Otra modificación incorporada también en virtud del pacto con UM es la posibilidad de que los consells agrupen las licencias por un periodo de cuatro años. Es decir, que no tiene por qué darse el caso de que cada año se crezca un 1 por ciento, sino que habrá años en los que se podrá crecer más y años en los que se crecerá menos.