Se trata de las primera media docena de licencias que llegan al Consell después de que hace 10 meses el Consistorio congelara el Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) por temor a que, como se sugiere en los fundamentos de derecho de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del año 1997, sea nulo de pleno derecho. La suspensión de licencias coincidió con el momento en que Esquerra Unida (EU) denunció ante la Fiscalía la urbanización de ses Torres, que se levanta amparada en la calificación de esos suelos como urbanos en el PDSU.
Transcurrido un tiempo y ante el silencio administrativo de la Corporación de Santa Eulària, los particulares y empresas interesadas en construir exigieron que se les debía otorgar las licencias, pero el Ayuntamiento les remitió a la Comisión Insular de Urbanismo (CIU), que el lunes estudiará las primeras licencias de mora de ese tipo.
Lo que haga la CIU el lunes será crucial para el futuro de Santa Eulària y de su planeamiento. Si otorga los permisos, dará la razón al Consistorio sobre la viabilidad del PDSU. El caso contrario daría pie a que los afectados pudieran interponer demandas multimillonarias por los perjuicios causados al no otorgárseles las licencias aun contando con todos los requisitos que exige el planeamiento de ese municipio. Rebotando al Consell esas primeras licencias, a las que próximamente seguirán muchas más, el Ayuntamiento, a cuyo frente se encuentra el popular Vicent Guasch, deja en manos de la institución insular, que gobierna el Pacte Progressista, parte de la responsabilidad sobre si es aplicable o no el PDSU.
Recientemente, el portavoz del Pacte de Santa Eulària, Carlos Salinas, calculó en 20 ó 30 las peticiones de declaración de silencio administrativo que se habían acumulado en los últimos meses, así como en medio millar el número de licencias que el Ayuntamiento de Santa Eulària se ha negado a conceder desde que decidió suspender virtualmente el PDSU. En relación al PDSU, el alcalde Vicent Guasch declarará mañana en calidad de imputado ante la jueza Carmen Robles por el caso de la urbanización de ses Torres. También declarará como imputado el secretario accidental, Enrique Barreda Peris.