El informe es reciente, data del pasado 26 de julio, y pone en evidencia el funcionamiento irregular de buena parte de las depuradoras pertenecientes al Instituto Balear de Saneamiento (Ibasan), dependiente de la Conselleria balear de Medi Ambient, en manos de la verde Margalida Rosselló. Lo que en él se dice motivó en parte el ruego realizado por el pleno el pasado miércoles al Govern para que ponga remedio inmediato a los problemas que se han detectado, especialmente de vertidos y de malos olores.
Pero el informe, al que ha tenido acceso este periódico, incide especialmente en cómo se está empleando el agua tratada en las plantas depuradoras. Por ejemplo, se indica que excepto en la planta de Cala Llonga, el vertido de los efluentes que carecen de emisario al mar se realiza sobre torrentes y suelos forestales, lo cual se debería evitar porque «los niveles de depuración difícilmente cumplen las especificaciones del decreto 13/92 sobre las condiciones mínimas del vertido». Precisamente, en Cala Llonga se emplea el agua para aprovechamiento agrícola de las fincas próximas «por inundación, sistema de riego no admisible cuando se trata de aguas depuradas», se dice en el estudio. Lo más grave es que «ese aprovechamiento carece de concesión administrativa y se viene realizando sin ningún tipo de control».
También se advierte en ese documento que la depuradora de Cala de Sant Vicent «tiene una capacidad insuficiente para el servicio que demandan las instalaciones hoteleras» y que la eliminación de efluentes se efectúa «mediante vertido en sondeos recientemente abiertos», es decir, inyectando el agua en perforadas. Esta práctica tendrá «consecuencias contaminantes imprevisibles», debido a que puede alcanzar aguas subterráneas y llegar a provocar «afloraciones» en la superficie. Para este caso, los servicios técnicos proponen la «instalación de una nueva planta con tratamiento terciario físico-químico y la construcción de un emisario al mar» para eliminar la producción de agua depurada.
Otro caso denunciado en el informe del Consell es el de la estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Platja den Bossa, cuyo efluente se aprovechado para el riego agrícola «en fincas gestionadas por la empresa Doliga S. A sin la debida concesión administrativa para su uso». Además, el resto del agua es vertido al mar mediante un emisario próximo al Parque Natural de ses Salines. Uno de los problemas observados en esa planta es la elevada salinidad, provocada por la «mala calidad del agua de abastecimiento suministrada en la zona por la empresa Aguas de Formentera».
Una nueva depuradora en las proximidades de la de
Eivissa
La Conselleria insular de Medi Ambient maneja también un informe en
el que se advierte de que la actual estación de Eivissa quedará
«manifiestamente mermada» próximamente. Todo se debe a que en un
futuro cercano está prevista la conexión de nuevas redes de
saneamiento a esa instalación, como la que procede de Sant Rafel,
la conexión desde Cana Negreta y la de las zonas urbanas de la
parroquia de Jesús.