La Conselleria balear de Medi Ambient ha adquirido finalmente por 30.000 euros los 1.500 metros cuadrados que necesitaba de una finca de Sant Rafel para construir en ella el depósito regulador de la interconexión de las desaladoras de Eivissa y Sant Antoni. La venta fue apalabrada la pasada semana, pocos días después de que el director general de Recursos Hídricos dijera a este periódico que la obra se retrasaba, entre otras razones, porque no se llegaba a un acuerdo con la propiedad en el precio.
Después ha surgido otro problema: el Ayuntamiento de Sant Antoni duda de la legalidad de permitir la segregación de esos 1.500 metros cuadrados, pues se podría infringir la parcela mínima. No obstante, desde la Conselleria de Medi Ambient se señaló ayer que en estos casos prevalece el interés general de la obra, «por lo que no debe haber ningún problema para llevara cabo la segregación».
Un portavoz expresó su confianza a que la negativa del Consistorio a facilitar ese trámite sea sólo debido a un «malentendido» y que en los próximos días se pueda solucionar. La obra de interconexión lleva un considerable retraso. Pese a que la consellera Margalida Rosselló se comprometió a tenerla terminada en verano, posiblemente no estará concluida totalmente hasta avanzado el invierno.