El Ayuntamiento de Sant Joan discrepa de la Norma Territorial Cautelar (moratoria), aprobada por el Consell Insular en pleno extraordinario el pasado 23 de julio, y reclama «el desarrollo de medidas compensatorias para el municipio más protegido de las Pitiüses [la máxima concentración de suelo rústico de la isla está en Sant Joan] que palíen la carga impuesta y reconocida por la propia Norma Cautelar».
El equipo de gobierno de Sant Joan dio cuenta ante el pleno el viernes por la noche de las alegaciones presentadas ante el Consell Insular en contra de la nueva moratoria. El Ayuntamiento considera «inaceptable en términos jurídicos» que la Norma Territorial Cautelar eleve de 30.000 a 40.000 metros cuadrados la superficie mínima para construir una vivienda unifamiliar en las zonas declaradas Area Rural de Interés Paisajístico (ARIP).
«El Consell se extralimita en el contenido de sus competencias, ya que la ampliación únicamente puede hacerla efectiva el Ayuntamiento como entidad competente para fijar la parcela mínima, o bien una Ley del Parlamento Balear o incluso el propio Consell a través de unas Normas Subsidiarias, pero nunca a través de una Norma Cautelar», argumenta el Consistorio, que insiste en que «la medida de protección impuesta es más gravosa para los habitantes de Sant Joan».