Tras medio año de investigaciones, el fiscal encargado de los delitos contra el medio ambiente, Manuel Campoy, ha detectado en Can Castelló «indicios racionales de la existencia de acciones concertadas y tendentes a construir viviendas de nueva planta en suelo clasificado como no urbanizable en zona forestal, sin cumplir ninguno de los requisitos legales y urbanísticos». Campoy sugiere que para ello, una supuesta trama urbanística se habría valido de «la emisión de certificaciones y afirmaciones indiciariamente falsas, así como la petición y obtención presuntamente fraudulenta de licencias de obra menor, con las que se trata de simular una apariencia de legalidad».
Las diligencias han sido remitidas al juzgado de instrucción y primera instancia número 4, por ser el que previamente incoó diligencias previas por delito de desobediencia en el caso Can Castelló, abiertas tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Santa Eulària.
El juzgado deberá ahora tomar declaración como imputadas a tres personas, entre ellas al menos uno de los promotores y José Manuel Coll, el arquitecto técnico que expidió unos certificados de antigüedad supuestamente falsos de los chalets. Declararán como testigos 15 personas, entre ellas el alcalde, Vicent Guasch, y el concejal de Obras, Vicente Riera.
En el escrito remitido al juzgado, el fiscal desgrana los siete
casos de viviendas que iban a ser edificadas amparadas en placas
municipales y certificados falsos, y observa en todas ellas que «de
la visión de los reportajes gráficos elaborados y aportados por el
equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, por la propia
Policía Local de Santa Eulària y por Carlos Salinas [edil
progresista que denunció este caso] parece deducirse sin dificultad
que donde [en las notas del Registro de la Propiedad] se dice que
hay viviendas, tan sólo existen simples estructuras iniciales de
casas en construcción». Esos embriones de viviendas son, según los
certificados del arquitecto técnico, edificios acabados con más de
20 años de antigüedad. El fiscal también pide la paralización y
precinto judicial de las obras «para evitar su
consolidación».
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