«Así se oficializa lo que pensamos todos», dijo el conseller del grupo mixto Joan Buades al comprobar que tanto el portavoz del grupo progresista como el del popular estaban dispuestos a apoyar la iniciativa. El conseller insular de Turisme, Josep Marí Ribas, recordó que todos los implicados han manifestado su visto bueno a esa idea en diferentes foros y calificó de «un poco oportunista» la presentación de esa moción. Buades replicó que no es lo mismo ser «oportunista» que «oportuno». En este caso, señaló, es una moción «oportuna», pues existe un amplio consenso social y su aprobación se produce cuando el Govern prepara los presupuestos para el próximo ejercicio.
Buades conminó a la Conselleria balear de Turisme a «empezar a preparar el traspaso de la competencia», que el popular Pere Palau calificó de «motor para que todo pueda funcionar».
En la sesión ordinaria de ayer también se aprobaron "con la abstención del PP" las enmiendas presentadas en el anterior pleno por los grupos popular y mixto al pliego de condiciones para la gestión de los residuos sólidos urbanos. Buades subrayó, no obstante, su desacuerdo porque el pliego recoge un precio concreto por los terrenos del vertedero a pesar de que aún no está claro cuánto se pagará por ellos. Precisamente, se aprobaron también dos puntos del orden del día al respecto: el expediente de modificación de créditos para la adquisición de terrenos en Ca na Putxa y el expediente de concertación de préstamo (de 5'3 millones de euros) para la adquisición de ese vertedero. En estos dos puntos Buades iba en principio a abstenerse, pero el conseller de Pressuposts, Santiago Ferrer, le hubo de advertir que era necesaria la mayoría absoluta para poder sacarlos adelante, por lo que finalmente votó a favor.
El pleno también aprobó por unanimidad una moción popular por la que el Consell deberá elaborar en breve un listado y valoración de todas las expropiaciones ocasionadas por la construcción de carreteras hasta el 31 de diciembre de 2001. Además, la institución se dirigirá al Govern para que en el plazo de cuatro meses abone las cantidades pendientes de liquidación por expropiación. Palau calcula que la cifra puede ascender a casi seis millones de euros, mientras que el conseller insular de Xarxa Viària, Vicent Tur, le acusó de manipular los datos que le dio en el pasado pleno y aseguró que no pasa de los 900.000 euros. De ellos 110.000 corresponden a atrasos de expropiaciones y el resto a un cálculo aproximado de lo que se tendrá que pagar por los terrenos de la ronda norte de Sant Antoni.