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El PP de Sant Josep exigirá al Consell que no impugne licencias anteriores a 1990

El Pacte, por su parte, pedirá que declare la caducidad de todos los permisos sin ejecutar de más de 3 años

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El equipo de gobierno de Sant Josep lleva el martes a pleno una propuesta para instar al Consell Insular a que deje de requerir las licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento antes de 1990 y archive todos los expedientes iniciados por ello. El Consell aprobó en el último pleno presentar un contencioso administrativo en contra de la concesión de dos licencias de obra en sa Punta Pedrera.

El concejal de Urbanismo, Josep Marí Ribas, Reganes, reconoce que todos los permisos anteriores a 1990 (antes de la aprobación de la ley de Disciplina Urbanística y la creación de la Comisión Insular de Urbanismo) carecen del informe de la Comisión Provincial de Urbanismo. El Ayuntamiento sustituía entonces este documento por un informe de los servicios técnicos municipales que daba cumplimiento a este requisito.

El Ayuntamiento mantiene que el Consell Insular tiene «pleno conocimiento» de ello y que sólo impugna algunas de las muchas licencias que fueron concedidas sin cumplir este trámite. Para el equipo de gobierno, además, esta selección es «arbitraria y subjetiva». Apunta, además, en la propuesta que se debatirá en el pleno que el Consell Insular ha otorgado cédulas de habitabilidad a muchas viviendas que obtuvieron permiso de construcción sin el citado informe previo de la Comisión Provincial de Urbanismo..

El Ayuntamiento apunta que, por cuestión de tiempo y por el coste económico de las posibles indemnizaciones, es imposible revisar y anular todas las licencias concedidas antes de 1990.

El debate en el pleno va a ser duro ya que la oposición, por su parte, presentará otra propuesta para instar al alcalde y a la comisión de gobierno para declare con urgencia la nulidad de todas las licencias que tengan una antigüedad de más de tres años y que aún no hayan sido ejecutadas, acabadas y con el certificado final de obra. El Pacte asegura que el Ayuntamiento está renovando licencias en zonas que ahora están protegidas (Arip o Anei, por ejemplo) y donde no se puede construir, lo que crea «confusión» y una sensación de «descontrol» a los ciudadanos.

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