En un auto de fecha 13 de diciembre pasado, la responsable del juzgado de instrucción número 4 de Eivissa, Ofelia Nache, ha decidido dar traslado de las diligencias previas del caso es Pouet a la Fiscalía y a la acusación particular para que formulen, si así lo creen conveniente, escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o bien que soliciten la práctica de nuevas diligencias complementarias a las efectuadas desde agosto del año 2000.
A tenor de las diligencias practicadas hasta ahora, la juez considera que «los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de desobediencia», y estima que procede continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado.
La lista de imputados ha aumentado considerablemente desde que el juez que inició las diligencias, Manuel Carrillo, ordenó el 25 de septiembre de 2000 la paralización de las obras de es Pouet. Entonces llamó a declarar a nueve personas, mientras que ahora asciende a 15 el número de imputados: Miguel Romaguera Cabrer, Antonio Pérez Puyo, Juan José Zubimendi Imaz, Jesús Zabala Àlvarez (estos dos representantes en el momento de los hechos de la promotora Progren S. A.), Antonio Pinal Gil, Juan Lladó Oliver (que aparecía como propietario del proyecto), Gerardo Samprimitivo Mellado, Pedro Timón Acedo, Salvador Venteo Díaz, Miguel López Lechuga y los arquitectos responsables de las obras Francisco Javier Magriñá y Antonio Huertas Briz, así como las empresas Progren S. A., Brues S. A. y Wallis S. L., de las que son responsables algunos de los mencionados anteriormente.
El caso se inició el 16 de agosto de 2000, cuando a través de un decreto el Consell ordenó paralizar las obras porque incumplían la Norma Territorial Cautelar aprobada pocos días antes, el 28 de julio. El día 19 el Consell las precintó, pero los carteles apenas duraron enteros media hora. Los propios trabajadores los arrancaron y retomaron los trabajos. La institución denunció los hechos ante la Fiscalía, que el 23 de agosto solicitó al juez que paralizara urgentemente la construcción.
El Fiscal observó indicios de delito de desobediencia a la autoridad y pidió que cinco personas declararan en calidad de imputadas, una tercera parte de los imputados que aparecen en el último auto de la juez. Las obras fueron de nuevo precintadas el 31 de agosto, el mismo día en que se sometió al pleno del Consell la personación de la institución en la causa. La orden de paralización no llegaría hasta 25 días después: el juez advirtió de que debía acatarse en 24 horas.