J. M. R.
Pacte, PP y el conseller del grupo mixto se pusieron ayer de
acuerdo en el pleno para reunirse antes de fin de mes y decidir
quién encarnará la figura del defensor del ciudadano, cuyo
reglamento entró en vigor el pasado mes de abril. La creación de
esa figura, pese a contar con el respaldo de todos los grupos
políticos, parecía haber sido olvidada por los consellers, que ayer
la reactivaron a partir de una moción presentada por Joan Buades.
El objetivo es que haya defensor antes de que en abril se convoquen
las elecciones municipales y autonómicas.
El grupo popular propuso que el Consell aportara 30.000 euros para
combatir el chapapote. El conseller del PP Joan Marí Tur propuso
que el dinero fuera entregado al Ministerio de Presidencia, a cuyo
frente está Mariano Rajoy, a lo que la consellera insular de Medi
Ambient, Fanny Tur, respondió con un «no» rotundo: «Porque no nos
fiamos», dijo, «no sea que el Gobierno lo invierta en armas de
destrucción masiva». Tur criticó duramente la actuación del
Gobierno en este suceso. Finalmente, se acordó por asentimiento, y
a propuesta de Buades, enviar el dinero a la Xunta gallega siempre
y cuando lo destine a la adquisición de material.El conseller del
grupo mixto no consiguió que el pleno reprobase a la consellera de
Benestar Social, Sofía Hernanz, ni al titular d'Ordenació del
Territori, Josep Marí Ribas, al hacer valer la presidenta su voto
de calidad. El Pacte disfrutó por un día de mayoría gracias a la
ausencia de la consellera popular Cati Palau. El popular Joan Marí
Tur reprochó a los progresistas que uno de ellos no hubiera
abandonado por cortesía el salón de plenos cuando se abordaba una
votación donde un solo voto era crucial.El pleno desestimó un
recurso de alzada contra un acuerdo de la Comisión de Patrimonio
relativo a un muro del Puig de Missa (Santa Eulària) modificado por
su propietario. Hasta el momento había sido blanco, pero ante su
deterioro decidió reformarlo y forrarlo de piedra, algo que según
Patrimonio atentaba contra la estética del lugar, pues ese tipo de
estructuras se emplean para separar fincas en el campo, no en la
urbe, según explicó la titular de Cultura, Fanny Tur. El conseller
Marí Tur defendió la intervención del propietario.También se
aprobaron tres expedientes de infracción en materia de turismo.
Joan Buades calificó las sanciones (de 3.000 y 4.500 euros) de mera
«cosmética». A su juicio, esas cantidades son una «bicoca»,
«sanciones anecdóticas».