La Audiencia Provincial dictó el 30 de junio un auto que resuelve favorablemente el recurso presentado por Esquerra Unida en contra de la suspensión del procedimiento penal, en aplicación de la prejudicialidad administrativa, del caso de la urbanización de ses Torres. La Audiencia Provincial ha anulado los autos de 5 de octubre y 10 de diciembre de 2002, que fueron recurridos por EU, por lo que instrucción de la causa se retomará de nuevo en el juzgado de instrucción número 4 de Eivissa.
Este mismo auto, según explicó ayer en rueda de prensa el diputado de EU, Miquel Ramon, también rechaza el recurso presentado por la promotora Lloma Talamanca para levantar la suspensión de las obras. «Desestimar el recurso interpuesto por Lloma Talamanca y confirmar y mantener en su consecuencia la orden de precinto y paralización de obras», dice el auto.
Miquel Ramón aseguró ayer que EU volverá a reclamar a través del Fiscal que vuelvan a declarar el alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, y el secretario del Consistorio, Enrique Barrera. «Pensamos que sus declaraciones [el 25 de julio del año pasado ambos prestaron declaración ante el juzgado número 4 de Eivissa] fueron anuladas de forma arbitraria», indicó.
Cuando el expediente llegue a Eivissa, previsto en un plazo de varias semanas, EU pedirá que Guasch y Barreda presten de nuevo declaración en calidad de imputados, así como a «todas las personas que, con intervenciones ilegales, permitieron que se iniciara la construcción de una urbanización en suelo rústico».
EU lamenta que se ha perdido un año de instrucción de la causa y reclama al Ayuntamiento de Santa Eulària que deje de obstruir las acciones de la justicia y que de una vez aporte el documento oficial de la certificación urbanística en la que el secretario de la Corporación reconoce, «con el visto bueno del alcalde», que según el Plan General las Torres es suelo rústico.
El Ayuntamiento, dice Ramon, mantiene que ha perdido esta certificación, que tiene registro de salida. «Es escandaloso. Hasta han llegado a decir que a lo mejor este documento no existía y que era una invención mía», subrayó.
Ahora que se reabre el caso, indica el diputado de EU, «esperamos que el juez no permita que el Ayuntamiento tome el pelo de esta manera a los ciudadanos y a la justicia».