En el momento de la exposición pública del proyecto, el entonces alcalde de Formentera, Isidor Torres (COP), valoró el proyecto asegurando que se trataba de la respuesta a «una demanda efectuada por el Consistorio a Costas en octubre de 1999» y que era precisa una «intervención urgente en un lugar emblemático de Formentera que, además, está dentro del área de la Reserva Natural de Ses Salines»; Torres avanzaba que la habilitación del carril bici «comportará asimismo la recuperación del circuito hidráulico de ses Salines y la rehabilitación de las parets seques de la zona».
Cuando todo parecía avanzar, a finales de febrero comenzaron las voces de protesta por parte de algunos vecinos de la zona que temían no poder acceder a sus viviendas, con el PSOE como principal fuente crítica en el seno de la COP, y muy especialmente desde el GOB, que se oponía frontalmente al proyecto por considerar que la zona debía ser protegida. Por su parte, el presidente del PP de Formentera y actual alcalde, Juanma Costa, afirmó que había sido su partido el que había pedido dicho proyecto al ministro Matas y señaló que dicho carril bici había sido presentado en una «reunión privada a la Pime de Formentera, a la Asociación Empresarial Hotelera de la isla y a los afectados por el Deslinde de Costas, que mostraron su conformidad al mismo». Costa calificó de barbaridades las declaraciones del GOB sobre el carril bici y aseguró que la protección estaba asegurada.