El Consell, los ayuntamientos y la Dirección Insular de la Administración General del Estado mostraron ayer su voluntad de trabajar coordinadamente a la hora de hacer cumplir los horarios de cierre de los establecimientos públicos de las Pitiüses y de aplicar de forma uniforme la ley estatal que regula este tema. El presidente de la máxima institución pitiusa, Pere Palau, explicó que «lo que se busca es que en una isla tan pequeña como Eivissa con municipios colindantes con zonas turísticas haya un cumplimiento uniforme de los horarios por parte de todos los Ayuntamientos», lo que supone que todos los establecimientos de ocio de las islas tendrán que cumplir con la hora de cierre establecida por ley, las 6 de la mañana. En este sentido remarcó que según han conluido los servicios jurídicos del Consell, además de la posibilidad que tienen las administracciones de denunciar las infracciones por incumplimiento de horarios e imponer sanciones, que en el caso de municipios como el de Sant Antoni sólo llegan hasta 300 euros, existe la posibilidad, en caso de reincidencia, de imponer al local la suspensión de la autorización o licencia de apertura hasta un máximo de seis meses.
Por otra parte, Palau afirmó que de cara un futuro la intención del Consell es solicitar al Govern que regule el sector «con una norma o una ley de la que se ha hablado hace años y que debería estar hecha» y que permirtiría acabar con las posibles lagunas yclarificar cuáles son los límites y las competencias de todas las administraciones implicadas.
El presidente del gobierno pitiuso destacó «la voluntad unánime de todos los ayuntamientos de hacer cumplir los horarios de cierre y la intención expresa de la máxima institución insular de colaborar en la medida de lo posible en lo necesario».
A la reunión asistieron junto a Palau, los alcaldes y concejales responsables de Orden Público de los municipios de Eivissa, el conseller insular de Interior, Diego Guasch, y la delegada del gobierno en las Pitiüses, Marienna Sánchez Jáuregui.