NEKANE DOMBLÀS-R.L.
¿Debía haber informado públicamente el Govern del Pacte de Progrés
del pago de la indemnización de 1,08 millones de euros a la
promotora del campo de polo de Campos? Desde un punto de vista
estrictamente legal, no. El artículo 16.c de la Ley del Gobierno de
Balears, aprobada precisamente durante el mandato de Francesc
Antich, es muy claro al respecto: «Los documentos que se presentan
en las reuniones del Consejo de Gobierno tendrán el carácter
reservado y secreto, excepto que el propio Consell de Govern
acuerde hacerlos públicos».
Es decir, que el Consell de Govern del 5 de abril de 2003 acordó mantener el carácter «reservado y secreto» del pago de esta indemnización al no decidir lo contrario e informar de ello. La denuncia realizada por Francesc Quetglas de que la promotora del campo de polo ya había percibido una indemnización ha sacado al descubierto una realidad más profunda: no todos los acuerdos que toma el Consell de Govern, es decir, no todas las decisiones que adopta el Ejecutivo, son conocidas después por los ciudadanos.
Este es un caso insólito en Balears. De hecho, este curioso incidente ha desbaratado, como si fuera un circuito de dominó, las pretensiones urbanísticas del PP pitiiuso, que prometió flexibilizar y permeabilizar el entramado territorial del Pacte. La circunstancia de que ambos cambios iban en el mismo articulado para la reforma de las DOT y al no corresponderse ya con la realidad lo que pasa en Campos hace que todo esté, de momento, paralizado, para mayor sufrimiento de los que llevaban cuatro años esperando este momento.
La pregunta general es todavía más inquietante: ¿hasta qué punto estamos realmente informados los ciudadanos de las decisiones que toman los respectivos gobiernos? La pretendida transparencia informativa del Govern, tanto del anterior, como del actual, ha quedado en entredicho porque no hay garantías reales de que los ciudadanos sepan si todo lo que se aprueba. Son ellos los que deciden qué debemos saber y qué no. Con esta constatación como premisa, es difícil determinar qué criterios siguen los gobiernos para dar publicidad a los acuerdos que adoptan en esas reuniones reservadas y secretas. Según ha comunicado el ex conseller d'Obres Públiques, no se informó de este acuerdo porque se consideró que no tenía interés público ya que se trataba de un acto administrativo que afectaba a una sola entidad jurídica. Jurídicamente el argumento es impecable, aunque desde el punto de vista del interés informativo es discutible ya que, a fin de cuentas, el Govern informa de otros muchos acuerdos que no han ocupado tantas páginas de periódico como éste que, precisamente, decidió mantener en secreto.