El Partido Popular prevé la construcción de tres nuevas depuradoras para zanjar el problema de la falta de agua en las Pitiüses. El número dos de la lista del PP al Congreso por Balears, Enrique Fajarnés, aseguró ayer a este periódico que la construcción de la desaladora de Santa Eulària paliará sólo parte del déficit de agua. Por ello, apoya la construcción de otra desaladora para la zona de Sant Josep, que es la zona de la isla donde hay más problemas de salinidad del agua; y, por otra parte, prevé otra infraestructura similar, aunque algo más pequeña, para abastecer la zona de Sant Joan. «Con estas tres infraestructuras se cerrará el círculo que debe poner fin a este problema», indicó el candidato.
De todos modos, Fajarnés advirtió de que las nuevas plantas desalinizadoras deben ir acompañadas «con el buen funcionamiento de las depuradoras y la reutilización de este agua para el riego del campo y los jardines de las ciudades. El candidato del PP reconoció que la política y planificación hídrica de las islas es competencia del Govern, aunque aseguró que en un plazo de «cuatro o cinco años» las tres infraestructuras deben estar acabadas y en funcionamiento. El PP pide el voto para Mariano Rajoy en todos los mítines para garantizar las inversiones comprometidas hasta ahora por el Gobierno central.
El Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en la primera semana de febrero los concursos de proyecto, construcción y explotación de las obras correspondientes a las desaladoras de Andratx, Bahía de Alcúdia, Ciudadela y Santa Eulària, en las Pitiüses, por un presupuesto de 198 millones de euros.La planta desalinizadora de Santa Eulària, adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aqualia, Gestión Integral del Agua y Servicios y Procesos Ambientales con un presupuesto de 42,9 millones de euros, tendrá una producción de 10.000 metros cúbicos diarios, ampliable a 15.000, y dará servicio a 53.000 habitantes.
El concurso prevé que la explotación de estas cuatro infraestructuras, incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, sea en régimen de concesión pública por un periodo de 15 años, aunque el Ministerio afirma que con ellas «se garantiza el suministro de agua durante un tiempo superior a 20 años, fortaleciendo así el potencial turístico de las islas y respetando el entorno natural».