El primer acuerdo del nuevo gobierno del Consell, del PP, fue pedir al Govern balear que hiciera las gestiones oportunas para que incluyera la reforma de la carretera de Sant Antoni en el convenio estatal de carreteras. Eso sucedió el 12 de julio, en la primera Comisión de Gobierno, siete días después de la constitución del nuevo gobierno. Desde entonces, la reforma de esta vía, bautizada como la carretera de la muerte, ha sido el asunto de la agenda política de la isla que ha acaparado mayor atención. Todo empezó, curiosamente, en el Parlamento británico y, pese a que el programa electoral que el PP presentó a los electores sólo preveía la realización de «un estudio» de la reforma de esta carretera, esta actuación se ha convertido en este tiempo en un asunto de Estado. El pasado 15 de enero el PP mostró sus cartas: desdoblamiento de todo su trazado (cuatro carriles), ocho tramos subterráneos, viales de servicio y, entre otras cosas, el vallado de la parte de las discotecas. O sea la autopista, o la autovía, tal como lo entendió un nuevo movimiento ciudadano: la Plataforma antiautopista. Críticas, más de 10.000 firmas en contra, una caravana de vehículos y, por encima de todo, el vuelco electoral del 14-M echaron al traste los planes del PP. El proyecto de la autovía murió la noche del 14-M. Esta es su corta historia:
Denuncia de un atropello (2 de julio de 2003). Mark Tami, un miembro del Parlamento británico está intentado elevar al Tribunal Europeo el juicio por el atropello mortal de un joven galés ocurrido en la carretera Eivissa-Sant en septiembre del año pasado. David Holloway, un joven de 17 años que murió aplastado bajo las rudas de un autobús en la carretera de Sant Antoni.
El atropello llega al Parlamento británico y Tony Blair pide un arreglo de la carretera al Gobierno español (4 de julio). El atropello de David llega al Parlamento británico y el primer ministro Tony Blair pide a su ministro de Exteriores que se ponga en contacto con el Gobierno español para que adopte medidas para reducir la peligrosidad de la carretera.
El presidente Matas anuncia por primera vez que adoptará medidas (5 de julio). Matas asiste a la constitución del nuevo gobierno del Consell y ese día comenta la noticia publicada por este periódico. «Me sorprende», aseguró antes de comprometerse a adoptar las medias pertinentes para mejorar la red viaria.
Primer acuerdo del nuevo gobierno del Consell: activar la reforma de la carretera (12 de julio). En su primera Comisión de Gobierno, el PP acordó pedir al Ejecutivo autonómico que haga las gestiones oportunas para que la reforma de la carretera se incluya en el convenio estatal de carreteras de 1998.
El Govern acuerda la redacción del proyecto (17 de julio). El Consell acuerda la contratación del proyecto de mejora de la vía de Sant Antoni, con una dotación presupuestaria de 250.000 euros (41 millones de pesetas).
El ministro de Fomento garantiza la inversión (21 de julio). Las gestiones se realizan a una velocidad de vértigo. El ministro de Fomento, Francisco Àlvarez Cascos, recibe a la consellera balear de Transports, Mabel Cabrer, y cierra, en este encuentro, la inclusión de la reforma de la carretera en el convenio de carreteras.