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Sant Josep denuncia ante el juez la retirada del precinto de los apartamentos Pimar

El Ayuntamiento acordó hace unos meses la demolición del complejo y una sanción económica de 180.000 euros

Los apartamentos Pimar, en la imagen, fueron precintados a finales de octubre del año pasado.

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El Ayuntamiento de Sant Josep ha denunciado ante los Juzgados a la propiedad de los apartamentos Pimar, en es Port des Torrent, por retirar sin autorización los precintos puestos por la Policía Local el pasado mes de octubre. El Consistorio decidió precintar este complejo, que se estaba utilizando como apartamentos sin ningún tipo de autorización, para evitar el peligro y las molestias que provocaban a los vecinos, según explicó entonces a este periódico el concejal de Urbanismo, José Marí Ribas. Los apartamentos Pimar habían sido denunciados en múltiples ocasiones por los vecinos de la zona, que se quejaban de que estas instalaciones se habían convertido en un entorno degradado que podía poner en peligro su seguridad personal. La Policía Local comprobó que se habían producido varios incendios en su interior.

Los vecinos presentaron hace dos semanas una nueva denuncia ante el Ayuntamiento al detectar que se había retirado el precinto y que se estaba pintando la fachada del edificio, supuestamente para reanudar la actividad ante la llegada de la temporada turística. Una vez comprobados los hechos, el Consistorio, según el edil de Urbanismo, trasladó esta nueva infracción (supuesto desacato a la autoridad) directamente a los Juzgados.

Sobre estos apartamentos pesa una orden de demolición como resultado del expediente de infracción urbanística abierto hace casi dos años. El Ayuntamiento también resolvió sancionar a la propiedad del inmueble con una cantidad de 180.000 euros (30 millones de pesetas). José Marí Ribas aseguró ayer que a día de hoy el Consistorio no ha recibido ninguna alegación, «ni proyecto alguno para tratar de regularizar los apartamentos». La comisión de gobierno de Sant Josep acordó el pasado 1 de octubre el precinto de todos los locales como medida cautelar, aunque los agentes locales sólo pudieron hacerlo en 15 de los 17 apartamentos, ya que los dos restantes permanecían ocupados por dos familias que se negaron a abandonar las viviendas.

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