El Consell designará antes de que acabe el año al Defensor del Ciudadano en cumplimiento del acuerdo adoptado por unanimidad en noviembre de 2001. Este es el compromiso del presidente del Consell, Pere Palau, que, por otra parte, mantiene que esta figura no es incompatible con la nueva consellera ejecutiva de Participació Ciutadana, Carmen Domínguez. «Aunque parezca que sus funciones se pueden solapar, desempeñarán funciones distintas. Además, el defensor del ciudadano debe ser una persona independiente», justifica el presidente, que asegura que en los próximos meses propondrá al grupo de la oposición este nombramiento.
En los presupuestos de este año, el equipo de gobierno no ha previsto ninguna partida para financiar la puesta en marcha de este servicio, aunque tiene la posibilidad de hacerlo a través de una modificación de crédito. El reglamento acordado por todos los grupos políticos establece que dos tercios del número total de los miembros del pleno debe dar el visto bueno al nombramiento, aunque Palau prefiere que sea por unanimidad. Dice que ya tiene en la cabeza el nombre de algunas personas que podrían ocupar el puesto. El reglamento también prevé dos modelos distintos para designar al defensor del ciudadano. Por un lado, está el tipo figura ilustre y de amplio reconocimiento socia, que daría prestigio a la institución; y, por otro, la designación de un funcionario, dedicado exclusivamente a defender los intereses de los ciudadanos. El primero cobraría un sueldo simbólico (dietas), tanto como su puesto, pues un letrado y un administrador serían quienes realmente se ocuparían de todo el trabajo.
La sede de esta figura, según Palau, estará en el Consell, donde se establecerá una oficina que deberá estar dotada con personal técnico, jurídico y administrativo. El Defensor del Ciudadano, según el reglamento, no estará sujeto a ningún mandato imperativo, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y ejercerá sus funciones con autonomía y según su criterio. Todas sus actuaciones, además, serán gratuitas para el ciudadano, que podrá plantear reclamaciones o solicitudes de intervención tanto verbalmente como por escrito.