El Gobierno central aprobó ayer un real decreto que aumentará en un 15,14 por ciento el precio de las viviendas sociales en 33 municipios de Balears. La consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, declaró ayer tras el Consell de Govern que la medida «es una buena noticia para los promotores y una mala noticia para los ciudadanos». El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros aplica unos nuevos máximos en los municipios singulares, es decir, en aquellas localidades que registran una mayor presión en el precio. El real decreto justifica que la actualización de los precios en estos municipios «va a permitir paliar las consecuencias negativas que tiene esta situación de tensión en los precios». «Es en estos lugares donde son más necesarias las viviendas protegidas y donde con mayor facilidad estas tensiones de precios expulsan del mercado a los grupos sociales con menores niveles de renta», razona el acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Ministros. En el resto de municipios de Balears que no están ni en el grupo A ni en el O se aplicará un incremento del 4 por ciento en el precio total de las viviendas protegidas. Cabrer lamentó que el Ministerio de Vivienda no haya adjuntado una memoria económica ni precise el número de actuaciones que se realizarán en cada comunidad autónoma.
La titular d'Obres Públiques razonó que la declaración de los 33 municipios singulares durante la pasada legislatura se basó en criterios técnicos ya que en estas localidades el precio del suelo es mayor que en el resto y los promotores son reacios a construir viviendas sociales «porque no son rentables».
El real decreto aprobado por el Gobierno central pretende impulsar también el mercado de alquiler para propiciar «la libertad de elección entre propiedad y arrendamiento» e incrementar la oferta de viviendas de alquiler con rentas en condiciones ventajosas. Cabrer comentó, una vez concluido el Consell de Govern, que su departamento aplicará de inmediato estas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, que consisten en dar una ayuda máxima de 2.880 euros para los jóvenes de 35 años con niveles de ingresos ponderados inferiores a 15.792 euros. El objetivo es reducir el esfuerzo que hacen las familias para pagar el alquiler de una vivienda. Cabrer recordó que el Govern ya había aprobado unas medidas similares hace unas meses y recalcó que «las ayudas pueden ser acumulables».
Además, el Gobierno central también ha aprobado ayudas para compensar a los propietarios que coloquen sus viviendas en el mercado de alquiler. En este caso, los propietarios podrán percibir hasta 6.000 euros, que estarán destinados a cubrir los gastos de conservación y reparación previos a la cesión de la vivienda en arrendamiento. Esta cuantía también servirá para suscribir un seguro contra el impago y desperfectos extraordinarios. La consellera destacó que el plan autonómico de vivienda ya recoge medidas para fomentar el alquiler y estimó que la aportación de ayudas para la rehabilitación de pisos destinados al arrendamiento contribuirá a introducir en el mercado pisos desocupados.
En términos generales, Mabel Cabrer valoró de «forma positiva» el plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros para incentivar la construcción de viviendas sociales y el mercado de alquiler».