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El Gobierno se interesa por los daños causados por la pesca de atún rojo

La cofradía de pescadores de Formentera tiene previsto reunirse con la Secretaría General de Pesca

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La Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) tiene previsto reunirse con la Cofradía de Pescadores de Formentera para evaluar la situación actual sobre los daños causados por las últimas campañas de pesca de atún rojo en aguas de la isla y para tomar las medidas que se deriven oportunas. Así lo asegura el Gobierno central en una respuesta parlamentaria, donde señala que el acuerdo alcanzado en 2001 a nivel nacional por los incidentes producidos durante las operaciones de remolque de jaulas «parece haber sido útil, ya que a partir del mismo los incidentes han descendido de forma sustancial». No obstante, asegura que habrá una reunión con la Cofradía de Pescadores de Formentera por las denuncias realizadas desde este colectivo. El Gobierno recuerda que la Secretaría General de Pesca Marítima optó en 2001 por arbitrar un acuerdo entre las partes implicadas, que pusiera fin a los problemas generados. Tomó esta decisión tras conocer que los procedimientos ordinarios no eran tan rápidos como se desearía y viendo que en escasas ocasiones se concluían otorgando indemnizaciones a los pescadores de artes fijos por la dificultad de aportar pruebas concretas, no estando en ocasiones las artes bien balizados y siendo difícil identificar a los remolcadores. La primera reunión para alcanzar ese acuerdo fue a principios de 2001, con participación de las administraciones de las Comunidades Autónomas afectadas (entre ellas Balears), las Cofradías de Pescadores y de representantes de las empresas responsables del traslado de jaulas y de la Dirección General de Marina Mercante. En la reunión se adoptaron varios acuerdos para evitar la repetición de incidentes, como la prohibición de las operaciones de remolque se realizaran dentro de la isóbata de 200 metros entre Eivissa y Formentera. También acordó la creación de una comisión de control y seguimiento formada por representantes de las administraciones, del sector de empresarios de túnidos y de los pescadores, así como la obligación de los remolcadores de llevar un buque auxiliar.

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