El Govern aprobó ayer el anteproyecto de ley de puertos deportivos, que permitirá la construcción y ampliación de instalaciones náuticas en Balears y anulará la moratoria aprobada en noviembre del año 2002. La consellera de Obres Públiques, Mabel Cabrer, presentó las líneas básicas del anteproyecto de ley, que establece que la ampliación o construcción de nuevos puertos requerirá un informe de los consells respectivos y de los ayuntamientos implicados. Sin embargo, estos informes no serán determinantes y la última palabra la tendrá el Govern, que podrá denegar los nuevos proyectos por «razones de oportunidad».
Cabrer admitió que existían propuestas en Obres Públiques para construir nuevos puertos, reconoció la importancia del sector náutico para el turismo balear y recalcó que hay muchas personas -más de 3.000- que esperan conseguir un amarre en puertos gestionados por la Comunitat Autónoma, pero insistió en que las peculiaridades territoriales de Balears condicionaban la construcción de nuevos puertos. «Hay que buscar el consenso», prometió Cabrer.
Este anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Govern balear, afectará a los 8.500 amarres gestionados por empresas concesionarias y a las 2.500 plazas de los puertos que controla directamente el Govern. Desde el Ejecutivo indicaron ayer a este periódico que no hay ninguna intención de aprobar la construcción de nuevos puertos, pero sí voluntad de ampliar las instalaciones náuticas más saturadas.
El anteproyecto aprobado ayer por el Consell de Govern prevé la creación de un nuevo ente autónomo, «Ports de les Illes Balears», que contará con un órgano de gobierno y un consejo asesor. El anteproyecto de ley fija los servicios que deben prestar los puertos de Balears y regula las autorizaciones, concesiones y los puestos de amarre en las instalaciones de gestión directa o indirecta.
La consellera de Obres Públiques explicó que la concesión de un amarre en un puerto gestionado por la Comunitat Autònoma se mantendrá igual que ahora, pero vaticinó que se producirá un importante movimiento en las listas de espera. En algunos puertos de las Balears hay peticiones de amarres que no han podido asignarse desde el año 1986.
El anteproyecto de ley también regula las concesiones de los puertos de gestión indirecta. El Govern determina que las concesiones se otorgarán por un máximo de 30 años y, cumplido este plazo, la empresas beneficiarias tendrá derecho a igualar la mejor oferta que se presenten para la gestión de los puertos.
El Govern creará la figura del registro general de usuarios de amarres de puertos en concesión para controlar la compra-venta de plazas. El Ejecutivo quiere evitar con la creación del registro general el fraude en estas operaciones de venta y adquisición de amarres en los puertos.