El Govern podría anular en enero los concursos para la adjudicación de concesiones administrativas para la ocupación y explotación de las instalaciones náuticas y deportivas que estén pendientes de resolución como es el caso de las instalaciones náuticas del puerto de Sant Antoni.
Este hecho se debe a una enmienda presentada por el grupo parlamentario popular, introducida por sorpresa en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos, añade que las empresas no tendrán derecho a solicitar el lucro cesante ante la administración autonómica por los supuestos beneficios que hubiesen conseguido en caso de obtener la adjudicación.
En caso de aprobarse este artículo de los presupuestos que entrarán en vigor el primero de enero, las empresas que opten a concurso de servicios portuarios deberán conformarse con recibir el dinero que hayan invertido en gastos burocráticos. Es decir, las empresas tendrán derecho a recuperar los gastos administrativos.
Los puertos deportivos pertenecientes al Govern balear son los existentes en el municipio de Santa Eulària y Sant Antoni. El primero no sufrirá, en principio, los efectos de esta enmienda ya que el plazo de la concesión vigente ahora termina en 2031, según fuentes portuarias.
Las instalaciones náuticas de Sant Antoni, por su parte, serían en principio las más perjudicadas al finalizarse el plazo de la concesión hace un año. En este caso y según fuentes del puerto de Sant Antoni, actualmente las instalaciones se rigen debido a una prórroga concedida por el Govern balear, que se prolonga durante un año. En este sentido, la enmienda aprobada por el Ejecutivo tendría que ver con un conflicto judicial que mantiene la consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, con la empresa que aspiraba a gestionar el club de vela del puerto de Andratx.