El Colegio Oficial de Arquitectos de les Illes Balears ha interpuesto un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo número uno de Palma de Mallorca contra la declaración de caducidad, por parte del Consell, de 14 expedientes de protección de bienes patrimoniales, entre ellos la urbanización Can Pep Simó, el conjunto histórico de Puig d'es Molins y la casa Schmella.
Los arquitectos y el Pacte Progressista presentaron primero un recurso de alzada ante la institución contra la caducidad de estos expedientes que fue desestimado, lo que ahora lleva a los primeros a interponer un contencioso administrativo ante los tribunales.
Por su parte, la consellera del Pacte Fanny Tur aseguró ayer que en el momento en que «caiga» el primero de estos elementos protegidos presentará una denuncia ante la Fiscalía. Aparte de la urbanización de Can Pep Simó y Puig d'es Molins, el gobierno del PP declaró la caducidad de los expedientes de protección de la casa de can Burgus y tres iglesias: las capillas de Cala Llonga, es Cubells y l'Hospitalet.
La consellera progresista recordó ayer en rueda de prensa que el Consell Consultiu dictó un dictamen en el que decía que el equipo de gobierno «no había actuado correctamente». Luego, según Tur, el Consell encargó un informe a un abogado, que tuvo un coste de 3.000 euros, y que sí avalaba la declaración de caducidad de los elementos patrimoniales mencionados.
No obstante, Tur indicó que el reglamento del Consell Consultiu especifica que, en el caso de la revisión de actos administrativos, sus informes deben ser «preceptivos», y que, en contra de ello, el equipo de gobierno lo encargó «meses después» posteriormente a que tanto el Pacte como el Colegio de Arquitectos denunciara y lamentara la caducidad de los bienes. «Lo tienen muy mal», subrayó en alusión a una supuesta resolución judicial.
Asimismo, Fanny Tur informó ayer de que el Pacte ha presentado otra denuncia ante la institución por la demolición del molino de Villa Abel y la destrucción de una cisterna romana en las obras del segundo cinturón de ronda sin que se hubiera hecho un estudio, como paso previo a la presentación de una denuncia también ante la Fiscalía. De todos modos, sea cual sea la respuesta del Consell, Tur dijo que el asunto acabará ante Fiscalía.