Varios representantes de la Plataforma Antiautopistas presentaron ayer en el registro del Consell las alegaciones contra la forma de financiación de la carretera del aeropuerto y el trazado de la carretera de Sant Antoni pidiendo la retirada de ambos.
En cuanto al estudio de viabilidad para la financiación de la nueva vía de acceso al aeropuerto, el colectivo entiende que incumple la ley 13 de 23 de mayo de 2003 reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que implica que se han de hacer estudios ambientales, que no se ha realizado, y, además, el anuncio se exposición pública del estudio se publicó en el BOIB cuatro días después del acuerdo del consell de govern. La Plataforma exige el reinicio de toda la administración por no ajustarse a derecho.
«Si la forma de financiación es mala para la carretera del aeropuerto, es igual de mala para la de Sant Antoni, ya que utilizan el mismo sistema», dijo Juanjo Cardona.
En su opinión, el proyecto inicial presentado sobre la carretera Eivissa-Sant Antoni al que finalmente se realiza es diferente «por lo que el procedimiento es diferente» y reclaman al Govern que conteste a las anteriores alegaciones y que informe a los afectados qué proyecto es el que vale. La Plataforma opina que son excesivas las dimensiones dadas a la mediana y a los arcenes: «No podemos admitir las anchuras proyectadas tan alegremente para esta carretera porque son a costa de expropiarnos nuestras casas y terrenos», dice en las alegaciones.
También muestra su rechazo a que se construya el túnel de Sant Rafel ya que no sólo se trata de una estructura «costosa y superflua» sino, además, «peligrosa para los ibicencos que circulamos por esta carretera, ya que carece de carril de emergencia, pasarelas y vías de evacuación, refugios y salidas de pasajeros, ventilación forzosa, sistemas de iluminación y comunicación de emergencia (...), absolutamente necesarios para este tipo de estructuras».
Los antiautopistas emplazan al Govern a que se hagan responsables de los accidentes que ocurran ese túnel y están dispuestos a ir hasta tribunales europeos, ya que consideran que el túnel incumple la directiva de túneles de la UE.
En las alegaciones también rechazan a la variante de Can Tomàs, ya que opinan que esta ampliación es innecesaria y constituye «un consumo de terreno excesivo». También cuestionan que en el proyecto, sometido actualmente a información pública, se mantengan dos viales de servicio de 6 kilómetros en el tramo de las discotecas.