La Comisión Europea decidió ayer denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por infringir la legislación medioambiental en Valencia, Alicante, Almería y Balears.
La denuncia contra España referente a Balears responde a la falta de valoración de los efectos de la extracción de arena y de la regeneración de playas en áreas naturales importantes de la costa mediterránea española, principalmente en la provincia de Alicante y en el archipiélago balear.
Esas áreas albergan especies y ecosistemas raros o en peligro de extinción, como la tortuga marina caretta y lechos de posidonia (una planta acuática), y están propuestos para su clasificación como zonas de la red Natura 2000 al amparo de la Directiva sobre hábitats. El Ejecutivo comunitario criticó que las autoridades españolas no hayan evaluado los efectos de los proyectos en cuestión en esas zonas, lo que supone un incumplimiento «no sólo de la Directiva sobre hábitats sino también de la Directiva sobre evaluación de las repercusiones en el medio ambiente», la cual también obliga a realizar una evaluación previa de los proyectos que puedan tener efectos importantes sobre el medio ambiente.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, subrayó que las directivas de Medio Ambiente de la UE «están ahí para ayudar a España a proteger su rica biodiversidad y sus recursos naturales, como sus magníficas zonas de baño que atraen a tantos turistas». Por ello, pidió a las autoridades españolas que «redoblen» sus esfuerzos para aplicar correctamente dichas directivas.
La segunda denuncia atañe a un problema de contaminación del agua de una playa de Valencia ya que Bruselas indicó que el Gobierno español no ha cumplido las directivas sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y la calidad de las aguas de baño.