El Juzgado de Instrucción número cinco de Eivissa celebra mañana juicio oral contra la persona que supuestamente cerró el acceso a la playa pequeña de Cala Salada, conocida popularmente como Cala Saladeta. El fiscal pide una condena de un año de prisión y una multa de 15 meses a razón de 180 euros diarios (81.000 euros) de inhabilitación especial para profesión u oficio de constructor por un tiempo de dos años por un supuesto delito contra la ordenación del territorio. También reclama una pena de seis meses de multa a razón de 180 euros diarios (32.400 euros), así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por otro presunto delito de usurpación.
El fiscal incoó diligencias a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano. El fiscal constató que el acusado, un español de 44 años, se apoderó supuestamente de parte del dominio público marítimo terrestre de Cala Saladeta un año después de adquirir un finca rústica lindante con la playa conocida como es Torrent de sa Perdiu o s'Arenal de Cala Salada. Para ello, se instaló sin permiso un vallado continuo de tela metálica con una base de piedra hormigonada. También se levantó una pared de piedra de dos metros y medio de altura, intercalada con una puerta de hierro y dos cadenas en otra zona de servidumbre, que impedían el acceso a la playa por tierra. El Ayuntamiento encargó un informe jurídico que reconoce que siempre ha existido un camino público donde el propio Consistorio había llegado a hacer tareas de limpieza.
En la instrucción del caso se consideró que desde la fecha próxima y anterior a febrero de 2002, el acusado, sin autorización o concesión alguna, directamente o por encargo a terceras personas, llevó a cabo obras para que Cala Saladeta quedara para su uso exclusivo. La finca de es Torrent de sa Perdiu fue adquirida mediante escritura pública de compraventa el 24 de mayo de 2001 a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios por un precio escriturado de 1,3 millones de euros (215 millones de pesetas).