El juez del Juzgado de Instrucción número uno, Juan Carlos Torres, considera que el concejal de Urbanismo, José Marí Ribas, Reganes, no tiene que declarar como imputado en relación al caso de Los Parques de es Cubells, tal como solicitó el Ministerio Fiscal, porque no aportará nada nuevo. Así consta en la providencia dictada por el juez decano el tres de enero y en la que también descarta la declaración en calidad de testigo de los funcionarios de la sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep.
El fiscal solicitó la declaración del edil de Urbanismo y los funcionarios de este departamento para aportar nuevos datos a la investigación que lleva a cabo por un posible caso de corrupción urbanística. En concreto, la Fiscalía instruye diligencias para aclarar si las licencias de obra concedidas por el Consistorio para la construcción de chalés en el acantilado de es Cubells son conformes a derecho. El fiscal apunta que ningún instrumento normativo considera esta zona como urbana, sino como «suelo no urbanizable de especial protección».
No obstante, el Ayuntamiento insiste en que se trata de un suelo urbano consolidado. Incluso, el Consistorio reclama al Consell en su escrito de alegaciones al PTI que «debería aceptarse de una vez» la Delimitación y Estudio de Detalle aprobados para el suelo urbano de es Cubells (SU 3.4), redactado, tramitado y aprobado en cumplimiento del acuerdo del Consell de Govern de 9 de abril de 1987.Paradójicamente, el juez decano asegura en la providencia que tampoco se debe descartar que más adelante, en función del resultado de la instrucción, se estime oportuno imputar a las personas señaladas. Por ahora, han declarado como imputados el arquitecto y el aparejador municipal, así como el promotor y arquitecto de las obras. Precisamente, fueron las declaraciones de estas personas lo que llevó al fiscal a pedir luego la imputación del concejal de Urbanismo y la declaración testifical de los funcionarios del Consistorio.
El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) fue quien denunció al fiscal la construcción de las viviendas. La primera denuncia se presentó en 1996 cuando los ecologistas tuvieron noticia de que el conocido músico Mike Oldfield se construía una casa en esta zona. Posteriormente el GEN puso en conocimiento de la Fiscalía la concesión de decenas de licencias de obra en el ámbito de una zona de máxima protección. El GEN sostiene que para ello el Ayuntamiento se inventó suelo urbano ilegal.