El concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Vicent Riera, defendió ayer ante el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, la legalidad de la licencia concedida por el Ayuntamiento a un pariente del edil para la construcción de un restaurante sobre las dunas de la playa de Cala Nova. Riera declaró ayer durante dos horas en calidad de imputado por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
Después de prestar declaración ante el juez, el concejal y su abogado, José María Roig Vich, declinaron hacer ningún comentario a la prensa. El edil, según ha podido saber este periódico, reiteró al juez que no hubo irregularidades en la concesión del permiso de obra. El alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, declaró ante el juez en julio de 2003 en calidad de testigo por el mismo asunto. Entonces, el letrado Roig Vich sí quiso hacer declaraciones a la prensa para dejar claro que «el Ayuntamiento no tuvo más remedio que conceder la licencia puesto que contaba con todos los informes a favor». Curiosamente, la licencia se informó y concedió en apenas unos días. Roig Vich recalcó entonces que el restaurante se levantó sobre un terreno que, según el anterior planeamiento urbanístico, es «reserva urbana con toda la dotación de servicios». «O sea», subrayó, «que es un suelo urbano consolidado». Cierto es que ahora las normas subsidiarias provisionales aprobadas por el Consell hace unos meses califican esta zona como urbana.
El grupo ecologista Amics de la Terra denunció esta construcción ante la Fiscalía en 2002. Primero, denunció ante el Ayuntamiento de Santa Eulària la extracción de arena de las dunas y, posteriormente, la construcción del restaurante, propiedad de un familiar del concejal de Urbanismo.
La juez sustituta del Juzgado de Instrucción número uno de Eivissa, Carmen Robles, fue quién citó al concejal para que declarara ayer como imputado, tal como demandaba el fiscal, aunque fue el titural, Juan Carlos Torres, quién ayer tomó la declaración. El fiscal ha solicitado una prueba pericial para constatar si la construcción afecta a la estabilidad del cordón dunar de la playa y, en consecuencia, si se incluye o no en la zona de dominio marítimo-terrestre. También ha pedido la documentación de los recursos presentados contra las normas subsidiarias aprobadas hace unos meses por el Consell.
El juez del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Carlos Torres, también tomó declaración ayer en calidad de testigo a un antiguo ingeniero de la Demarcación de Costas en relación al caso de la urbanización de Los Parques de es Cubells. Al parecer, el testigo aseguró que el deslinde provisional efectu ado por Costas en 1990 se llevó a cabo pensando que se trataba de un área urbana. El juez denegó recientemente la imputación del edil de Urbanismo de Sant Josep, Josep Marí Ribas, tal como pedía la Fiscalía.