El Tribunal Superior de Justicia de Balears desestima el recurso presentado por los promotores del camping de Formentera de Ca Marí, que solicitaban una indemnización 12 millones de euros por la desestimación de la apertura de las instalaciones. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia da por buena la resolución recurrida por Formentera Club S.A. , por lo que no cabe otro recurso ordinario.
El caso se remonta a 1986 cuando Formentera Club S.A. solicitó la declaración de interés social y autorización previa y calificación de alojamiento turístico para un camping en el paraje de Ca Marí que preveía la más de mil plazas. Varios meses después la comisión de Urbanismo de Balears autorizó lo solicitado declarando el interés social de las instalaciones, mientras que el Ayuntamiento d Formentera denegó la licencia de obras por encontrarse en un espacio no urbanizable, afectado por la Ley de Espacios Naturales (LEN).
La empresa presentó en 1996 un recurso de casación contra la desestimación de la licencia de apertura que el TSJ sentenció que debía ser otorgada. por su parte, la conselleria balear de Turisme presentó otro recurso contra Formentera Club S. A. al que también se adhirió el Ayuntamiento de Formentera.
El 7 de octubre de 1999 Formentera Club S.A. interpuso un recurso contencioso administrativo por la negativa de concederese la licencia y alegando daños y perjuicios provocados a los promotores que ya tenían la licencia de obras para las instalaciones en el paraje de Ca Martí en Formentera.
A esta demanda le siguió en 2001 otra demanda contra el Ayuntamiento de Formentera y la consellería de Turisme por el funcionamiento anormal de la administración. En este sentido, el TSJ rechaza la indemnización solicitada de 12 millones de euros que debían pagar el Ayuntamiento y Turisme.
El 26 de abril de 1992 Formentera vivió la mayor movilización de su historia en contra de la apertura de las instalaciones del camping. El proyecto, que preveía más de mil plazas turísticas, fue también rechazado por los ediles del Consistorio, lo que provocó la inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de tiempo de seis años, aunque el Gobierno lo denegó en 1999. De esta forma, más de un millar de personas se manifestaron en la Pitiusa menor con el fin de evitar la construcción de los 3.500 metros cuadrados que abarcaba el proyecto de las instalaciones.