El pleno del Consistorio de Eivissa aprobó ayer el borrador del convenio que se firmará entre el Institut Balear d'Infraestructures Educatives i Culturals de les Illes Balears y la sociedad mixta Iniciatives i Transformacions Urbanes SA (Itusa) para crear dos nuevos centros educativos en las calles Vicent Serra y Murcia a los que se trasladarán los alumnos de sa Graduada y sa Bodega, respectivamente. El visto bueno a estas actuaciones, que se incluyen dentro del proyecto de remodelación de 'Eivissa centre', se dio con el voto en contra de los populares y ante la presencia de una docena de profesoras, madres, vecinas y alumnos con pegatinas de 'Salvem sa Graduada' que reiteraron su oposición a que se derribe el colegio más antiguo de Eivissa.
El concejal Jaime Díaz justificó el voto negativo de la oposición argumentando que el PP «no considera necesario demoler sa Graduada para remodelar el centro de la ciudad» y pidió que se abra un «gran debate» social para decidir qué hacer al respecto. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Pedro Campillo, insistió en que «es un convenio que va a mejorar cualitativa y sustancialmente las infraestructuras educativas del municipio» y criticó al grupo municipal popular por no pronunciarse sobre el tema hasta la celebración del pleno y por no ser coherente con la postura que mantiene la Conselleria balear d'Educació. Asimismo, aseguró que la oposición «vuelve a equivocarse al ceder a la presión popular».
En el turno de ruegos y preguntas las profesoras y madres del colegio sa Graduada también quisieron intervenir para pedir explicaciones al equipo de gobierno municipal. Una de las educadoras se dirigió al alcalde, Xico Tarrés, para preguntarle si se habían estudiado las alternativas que habían sugerido al Consistorio para conservar el colegio entre las que estaba la de ofrecer al Gobierno central el solar de la calle Vicent Serra para hacer los juzgados, que el Ayuntamiento proyecta ubicar en el terreno donde ahora se levanta sa Graduada junto con la sede insular de la Administración General del Estado. El alcalde admitió no haber «ofrecido otros solares» al Gobierno central por considerar que la mejor opción para ubicar estas infraestructuras es la de sa Graduada.
La profesora también preguntó, sin obtener una respuesta clara por parte del ejecutivo local, porqué en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se desclasificaba sa Graduada cuando en la aprobación de 2003 el colegio tenía el nivel B de protección.
El primer edil recordó que el proyecto se ha presentado a muchos colectivos que han respaldado la actuación e insistió en que los alumnos de sa Graduada podrán tener con la construcción del nuevo centro «una escuela mejor dotada y equipada».