La consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig, viajó ayer por la mañana a Eivissa para inaugurar la nueva Oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito (OAVD), ubicada en Sant Jordi pero cuyo ámbito de actuación abarca toda la isla. Ahora, apuntó Puig, la prioridad es abrir otra oficina similar en Formentera. Puig estuvo acompañada en la inauguración de esta oficina por el president Pere Palau, el conseller insular de Bienestar Social, Vicent Serra, y el alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, a quien la consellera agradeció la cesión del local de Can Jurat en el que se ha instalado esta oficina.
A la OAVD podrán acudir quienes se consideren víctimas de un posible delito y necesiten ayuda jurídica o psicológica. Es prácticamente seguro que uno de los servicios que más se solicitarán en esta oficina estará relacionado con la violencia de género, aunque según apuntó la consellera los profesionales de este centro tratarán de ayudar psicológicamente y con asesoramiento legal a víctimas de cualquier tipo de delito. No obstante, y teniendo en cuenta la gran cantidad de denuncias que se producen en la isla por supuestos malos tratos en el ámbito familiar, es esperable que las mujeres víctimas de violencia doméstica acaben por ser el grupo que más requiera los servicios de la OAVD. De hecho, en la oficina que el Govern mantiene abierta en Palma el 69% de los casos que se han atendido corresponden a mujeres y la mayor parte de ellos son presuntos malos tratos.
La oficina de Eivissa también atenderá las solicitudes de información que se realicen a través del teléfono y por correo electrónico. Estará abierta a lo largo de todos el año durante cuatro días por semana; dos estarán dedicados a la asistencia jurídica y los otros dos a la ayuda psicológica.
Esta oficina de atención «integral», tal y como la definió la consellera, pretende facilitar la información necesaria a quien sufre un delito. Puig dijo que en el caso de las mujeres víctimas de maltrato se les ayudará desde un punto de vista psicológico y se les indicarán los pasos necesarios para poner su situación en conocimiento de la Justicia. «Esperemos que funcione bien», deseó la consellera.