El Govern presentó ayer un requerimiento contra la orden del Ministerio de Fomento por la que se resuelven los convenios de carreteras con Baleares de 1998 y 2004, en el que se exponen once fundamentos de hecho y siete jurídicos. Así lo anunció ayer la consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que acordó presentar dicho requerimiento, paso previo a la interposición de un recurso contencioso.
Cabrer se mostró tan convencida de la solidez de los argumentos que esgrime el Govern para defender los acuerdos en carreteras que aseguró que por ahora no se imagina un escenario en el que acabe teniendo que interponer un recurso judicial. El requerimiento, de 85 páginas, pone en evidencia «errores flagrantes» en las argumentaciones del Gobierno que, según la consellera, obligarán al departamento de Magdalena Alvarez a dar marcha atrás en su decisión de resolver los convenios y a tener que convocar la comisión mixta pertinente, donde según Cabrer se han de discutir las diferencias. El Govern esgrime, entre los fundamentos jurídicos, que la resolución es «nula de pleno derecho» al sostener que sólo los jueces de lo contencioso-administrativo son competentes para anular estos documentos. Considera, además, que «vulnera» el derecho de igualdad que consagra la Constitución, ya que reprocha al Ejecutivo de Balears acciones como la licitación de obras por encima de lo inicialmente presupuestado que sí permite a otros gobiernos como el de Canarias. En este sentido, la consellera recuerda que el propio Ministerio de Fomento ha ejecutado obras bajo esta misma premisa, como por ejemplo las de la variante de Santa Eulària, que estaban presupuestadas sobre el papel en 1,7 millones y finalmente costaron 5,3 millones.
El secretario general del PSIB, Francesc Antich, pidió que el Govern actúe «con responsabilidad» ante la «voluntad» mostrada por el Ministerio de Fomento por llegar a una «solución pacífica» en torno al convenio de carreteras. En rueda de prensa, Antich remarcó que ya solicitó al presidente Matas en el reciente encuentro que mantuvo con él, que «abriese las puertas a la posibilidad de un acuerdo» y que «no siguiese por el camino de la confrontación». En este sentido, opinó que la cantidad ofertada por el Gobierno central en el nuevo convenio, 568 millones de euros, es «importante y suficientemente respetable» como para que haya un «esfuerzo de todos por llegar a una solución pacífica» a fin de que Balears «no pierda ni un euro». Antich destacó la voluntad de Fomento por llegar a un acuerdo y consideró que el Govern tiene que actuar con responsabilidad.