La falta de previsión y de criterios claros han sido notas características del proceso de regularización extraordinaria, según la Plataforma por la Convivencia, colectivo que agrupa a organizaciones de inmigrantes, sindicatos y ONGs como Justicia y Paz y Cáritas. Su portavoz hasta ayer, Carmen Duarte, destacó que «hemos tenido que soportar la falta de información y continuas contradicciones» durante un proceso que calificó como uno de los «más duros y agotadores» de todos los que ha vivido desde 1991. Asimismo, señaló que «ha sido una chapuza lo del empadronamiento por omisión» y que se debería haber alargado el plazo por lo menos otro mes desde que el Gobierno central anunció «las nuevas normas de empadronamiento». Duarte calculó que en torno a un 35 por ciento de los trabajadores inmigrantes se han quedado fuera de este proceso, la misma cifra que facilitó el secretario general de UGT, Diego Ruiz, que destacó que «aunque ha habido un avance importante en cuanto a la normalización de la situación de muchos trabajadores extracomunitarios hay una bolsa importante de inmigrantes que seguirán en situación precaria». Ruiz señaló también que el proceso «ha sido problemático por las dificultades que han tenido muchos para recabar toda la información necesaria para solicitar su regularización» y aseguró que «mucha gente no ha llegado ni hoy (por ayer) a tiempo por las dificultades de los ayuntamientos a la hora de conseguir el certificado de empadronamiento».
Por su parte, Jamal Akkad, de USO, criticó la «la falta de coordinación y la improvisación de las políticas de inmigración, que van a dejar a unas 900.000 personas en toda España fuera de la regularización». Asimismo, sacó a relucir «las continuas reformas a salto de mata que se han ido introduciendo, la última la de los certificados de empadronamiento por omisión». «Este proceso de normalización ha sido una estafa», aseguró, antes de manifestar su confianza en que la situación mejore en agosto cuando se abra un nuevo «periodo transitorio por arraigo laboral» para el que se exigirán «tres años de residencia en España y un año de trabajo».