La Audiencia Provincial juzgará a G. C. M. M., de 44 años, por la apertura de tres caminos y la construcción sin la correspondiente licencia de cinco falsas ruinas en la zona de es Camp Vell, en es Amunts, en una zona declarada Àrea Natural de Especial Interés (ANEI). El fiscal pide siete años y un mes de cárcel a la acusada por un presunto delito contra la ordenación del territorio (2 años y 3 meses), otro por falsedad documental (2 años), estafa (10 meses) y daño grave contra el medio ambiente (dos años más). Asimismo, se reclama el pago de una multa por todos los supuestos delitos de 40.500 euros (6,7 millones de pesetas) a la razón de 30 euros diarios durante 45 meses.
El fiscal reclama que la acusada y la compañía Rústicas Ibicencas S.L., como responsable subsidiaria, se hagan cargo de la demolición de las construcciones, la repoblación forestal y la eliminación de los caminos y las explanadas para restituir el equilibrio ecológico perturbado.
Los hechos se remontan aproximadamente a principios de 2001. La acusada se enfrenta a la pena de cárcel por deforestar supuestamente sin permiso alguno un área de es Camp Vell para abrir tres caminos (un tronco principal y una bifurcación), de 880 metros de longitud, aptos para la circulación de vehículos. Junto a la explanada de uno de los ramales, se construyó con piedra y adobe de arcilla tres habitáculos a los que se les dio la apariencia de una falsa ruina.
Al final del otro ramal se levantó una cuarta construcción, mientras que en otro punto de la misma zona, a 60 metros de Can Miquel Lladat, se edificó una quinta construcción dividida en varios módulos, de 100 m y tres metros de altura, con cubierta y tres entradas; y sobre la que se fijó una placa municipal de obras perteneciente a otra construcción.
Precisamente, el fiscal imputa también a la acusada un delito de falsedad documental al elaborar y clavar sobre los habitáculos placas metálicas, en las que aparecía el escudo municipal acompañado de la mención «Ajuntament de Sant Antoni», con la intención de aparentar que ya existían antes. Todas esta actuaciones se llevaron a cabo sin licencia. En julio de 2001 y septiembre de 2002 la acusada presentó ante el Consistorio una solicitud de legalización de construcciones, reformas, limpieza y ensanche de caminos que fueron desestimadas. El Consell ordenó en julio de 2001 el precinto de las obras subrogándose en las competencias municipales. La demolición de las construcciones está presupuestada en casi 6.000 euros, mientras que el coste de rehabilitación ambiental de la deforestación asciende a 35.000 euros.