Esta reforma legal permitirá a los ayuntamientos tramitar la legalización de las viviendas que se encuentran fuera de ordenación, así como la posibilidad de que el área inedificable también compute a la hora de determinar la parcela mínima para levantar una casa o que, entre otras cosas, se pueda regular la ampliación de casas existentes en suelo rústico donde el uso de vivienda esté prohibido.
El conseller de Presidencia, José Sala, hizo la exposición de motivos de la proposición de ley, pero el diputado ibicenco Antoni Marí Tur, del PP, fue quien la defendió. En su intervención, Marí Tur, pidió al resto de partidos que tengan en cuenta «la idiosincracia de los ibicencos y que el sistema de herencia y reparto de la propiedad no es el mismo que en Mallorca y Menorca, aparte de que se tiene que respetar la potestad del Consell de elaborar normativa urbanística».
El diputado socialista Joan Boned cuestionó, en su turno de réplica, si esta «palabrota de idiosincrasia» significa «aceptar que Eivissa y Formentera es un nido de especuladores y corruptos urbanísticos» y que, tal como dijo el fiscal de medio ambiente, «las administraciones municipales gobernadas casi todas ellas por el PP son claros y necesarios colaboradores de estos especuladores e infractores urbanísticos». «Si eso significa la idiosincracia de Eivissa, yo al menos no quiero saber nada», subrayó Boned.
Obviamente, el PSOE y el resto de grupos de la oposición votaron en contra. «Lamento como conseller y ciudadano de Eivissa que la primera iniciativa que lleva el Consell al Parlament sea para desproteger territorio y para legalizar irregularidades y aberraciones urbanísticas. Como ibicenco me duele», indicó Boned en su intervención.