El conseller de Medi Ambient, Jaume Font, y el director general de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental, Antoni Gómez, presentaron ayer el anteproyecto de la Llei Balear de Caça i Pesca Fluvial, que obliga a vincular la actividad cinegética con la gestión medioambiental de los terrenos donde se desarrolla. «No hay caza sin planificación ni gestión», señalaron Font y Gómez, que con la ley regularán una actividad que en Balears cuenta con 25.000 licencias y 1.800 cotos vedados, de los que 78 corresponden a sociedades de cazadores.
Todos los terrenos cinegéticos están obligados a disponer de un plan técnico de gestión. Los cotos de sociedades de cazadores deben contar con más de 100 hectáreas. Un coto particular debe disponer de un mínimo de 20 hectáreas si es de un solo titular, un mínimo de 50 si pertenece a varios. Por su parte, la Conselleria creará vedados sociales, uno en cada isla, con acceso libre si se tiene licencia de caza. Los terrenos libres, donde se puede cazar libremente si se tiene licencia, también están obligados a un plan de gestión, que en este caso será elaborado por la sociedad de cazadores local, el ayuntamiento en cuestión o la propia Conselleria de Medi Ambient. En estos casos, se determinará el número de especies que se pueden abatir (siempre con el límite de lo que diga la orden anual de vedas) y el número de cazadores simultáneos que podrán actuar en esa finca.