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El PSOE exige al PP que deje de cambie leyes para encubrir a sus alcaldes

Roque López afirma que se ha instalado un sentimiento de impunidad intolerable

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La Federación Socialista de las Pitiüses (FSP-PSOE) exigió ayer públicamente al PP que deje de modificar leyes para «encubrir las ilegalidades e irregularidades urbanísticas» cometidas en los municipios gobernados por su partido. «Nos preocupa que, con el consentimiento expreso del PP, se esté instalando en la sociedad un sentimiento de impunidad que no es tolerable. Se está produciendo una discriminación con los ciudadanos: a unos se les exige el cumplimiento estricto de la ley y a otros no», explicó el secretario general de la FSP-PSOE, Roque López.

Por ello, López compareció ayer ante los medios de comunicación acompañado por los máximos responsables del partido en Sant Josep y Santa Eulària, Josep Marí Ribas, Agustinet, y Carlos Salinas para exigir al PP que no se modifiquen más leyes para tapar las ilegalidades que se producen con el consentimiento del PP, al tiempo que pidió a la Fiscalía que actúe de oficio en todas las irregularidades urbanísticas que se cometen. En este sentido, Salinas explicó que el PSOE sólo puede denunciar ante los Juzgados asuntos «emblemáticos» porque, por un lado, supone «un gasto económico excesivo», y, por otro, hay que evitar en la medida de lo posible «judicializar la vida política».

Los socialista entregaron a la prensa un listado de los casos en los que han sido imputados alcaldes y concejales de Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària. La Fiscalía de Eivissa ha trasladado algunos de estos asuntos, como la urbanización Los Parques de es Cubells y la mansión de Cretu en Santa Agnès, a Anticorrupción.

Marí Ribas recordó que el planeamiento urbanístico de Sant Josep data de 1986 y que, pese a las reiteradas peticiones de la oposición, el equipo de gobierno nunca ha mostrado el más mínimo interés en revisarlo. Apuntó, además, que en este municipio «nunca se ha respetado la Ley de Espacios Naturales, aprobada en 1991» y que, lo más grave, es que el alcalde tampoco actúa, como en el caso de Puig d'en Serra, para expedientar a los infractores.

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