La Fiscalía de Eivissa ve indicios de delito en el vertido de aguas residuales en la playa de es Pinet, en la bahía de Sant Antoni, ocurrido a finales de mayo y que obligó a prohibir el baño durante dos días. El fiscal de medio ambiente, Manuel Campoy, considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente causado de forma intencionada o bien por imprudencia grave.
Por ello, ha pedido al Juzgado que se practiquen diligencias a fin de que se puedan depurar responsabilidades. En concreto, el fiscal solicita que la analítica practicada por la Conselleria de Sanitat, así como el expediente tramitado por el Ayuntamiento de Sant Josep se envié al Instituto de Medicina Legal (el forense) para que determine si el vertido de fecales pudo provocar un grave perjuicio contra la salud de las personas por su composición y volumen.
Los hechos ocurrieron el jueves 26 de mayo. El propietario de un restaurante dio el aviso a la Policía Local a las 12 del mediodía al detectar un vertido que, aparte de despedir un desagradable olor, ensució la arena y enturbió el agua.
La empresa Aqualia, responsable del sistema de alcantarillado del municipio, confirmó que el origen del incidente fue la obstrucción intencionada «por parte de personas sin identificar» de «una arqueta de la conducción que comunica los bombeos de aguas residuales con piedras de 30 a 50 centímetros de tamaño», lo que provocó que ésta estallara y rebosaran las aguas residuales. Aqualia presentó una denuncia ante la Guardia Civil. Precisamente, la Fiscalía también ha solicitado al Juzgado el atestado del Seprona.