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Una juez exige al Consell bajo amenaza de multa el expediente del BIC de ses Feixes

El Pacte ha denunciado reiteradamente que el gobierno del PP no hace nada para defender la protección del humedal

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La magistrada-juez del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Palma de Mallorca ha dictado una providencia, con fecha de 16 de junio, en la que ordena al Consell que en un plazo de 20 días aporte el expediente administrativo completo de la protección de ses Feixes d'es Prat de Vila i ses Monges con la figura de Bien de Interés Cultural (BIC).

La juez pide que el expediente se envíe completo, foliado y en su caso autentificado, «con apercibimiento de que de no hacerlo le parará el perjuicio correspondiente, inclusive la posibilidad de ser multado con multa coercitiva y reiterada al empleado responsable de la demora».

Este Juzgado instruye al menos uno de los cinco contenciosos contra el BIC de ses Feixes que siguen pendientes de resolución. Se trata del recurso interpuesto por un grupo de propietarios de la fachada marítima de ses Feixes. Concretamente, esta demanda contra el BIC fue interpuesta en octubre de 2003, aproximadamente seis meses después de su aprobación; y el Consell, casi dos años después, no ha remitido a este Juzgado la documentación que obra en el expediente.

El Pacte aprobó el 23 de abril de 2003, justo al final de la pasada legislatura, la protección del humedal. El Pacte Progressista ha denunciado reiteradamente que el gobierno del PP «no cumple con su obligación de defender el expediente de protección del BIC». Se da la circunstancia de que, dada la pasividad del gobierno insular del PP, la ex consellera de Medi Ambient y Cultura Fanny Tur envió por su cuenta a los Juzgados donde se tramitan los recursos una carpeta con un escrito firmado por ella, con documentación varia sobre el humedal y recortes de prensa. Sólo dos de estos dossiers le fueron devueltos.

Por su parte, los demandantes de uno de los contenciosos presentaron en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma una protesta formal al entender que la ex consellera no representaba al Consell, la parte demandada, y, por tanto, no podía aportar ningún documento por su cuenta; y, por otra, para reclamar el expediente de la aprobacíón del BIC.

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