El presidente de la Fapa en las Pitiüses anunció que para el próximo curso entrará en vigor la obligación de que una persona acompañe a los alumnos en el autocar con el fin de evitar los desperfectos en el vehículo. En referencia a este tema, la Federación Empresarial Balear de Transporte solicitó ayer al Govern que regule una normativa para acabar con los destrozos que ocasionan los alumnos. Este pliego de condiciones debería recoger, según los transportistas, las normas de organización del servicio y comportamientos de los alumnos en los autobuses y que se remita a los centros educativos. De esta forma, Pomar indicó que es una reivindicación que se lleva pidiendo desde hace ya algún tiempo.
B. ROSELLÓ
El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos de las Pitiüses (Fapa), Antoni Pomar, señaló ayer la
gran necesidad de «llegar a un consenso» en relación a la noticia
aparecida ayer en la que se indicaba que los transportistas
rechazan, por el momento, el concurso de transporte escolar debido
al bajo presupuesto.
De esta manera, Pomar indicó que en las Pitiüses todas las empresas de autocares se dedican a realizar el servicio escolar con lo que «afectará a un gran número tanto de autocares como de niños». En relación al número de alumnos de Eivissa que utilizan este tipo de transporte, Pomar señaló que la cifra es muy elevada debido a los múltiples colegios que se encuentran en las afueras de los municipios así como aquellas líneas de transporte escolar que une distintas localidades de Eivissa. Lucas Costa, delegado de la federación en las Pitiüses, señaló ayer a este periódico que en las Pitiüses se utilizan más de media decena de autocares para cubrir el servicio.
Con el anuncio de la Federación de Transporte de no presentarse al concurso, Pomar indica que no puede existir otra solución viable salvo el consenso para poder garantizar el servicio a los padres de los alumnos pitiusos. El motivo de este desacuerdo se debe al bajo presupuesto, que según la Conselleria destina al servicio.
El secretario general de la Conselleria d'Educació, Sebastià Vanrell, explicó que el concurso, que inicialmente es por un plazo de tes años y una prórroga anual de hasta cinco cursos escolares, está económicamente bien dotado, ya que incluye una revisión anula del IPC más un punto. En este sentido, la Conselleria d'Educació destinó 4.040.848 euros al gasto en transporte escolar en el curso 1999-2000, que se ha ido incrementando hasta los 5.450.138 euros en el curso 2004-2005. Además, Vanrell indicó que en caso de que el concurso quede desierto, cabe la posibilidad de poner en marcha un segundo concurso por el procedimiento negociado que garantice el transporte escolar el próximo año.