J. H. / E. R
El prestigioso arquitecto catalán Ricardo Bofill asegura que el
desastre de sa Caixota es fruto de «una mala previsión y de unas
malas ordenanzas de seguridad para construir en la pendiente de una
montaña». Bofill, que concede hoy a este diario una entrevista (ver
página 41), considera que antes de urbanizar la ladera de la
montaña se tendría que haber adoptado una serie de medidas de
seguridad. «En estos casos hay que proteger primero la montaña para
evitar que no se vaya abajo», dice Bofill, quién destaca que
debería haberse previsto el deslave. «Yo, que trabajo en muchos
países con terremotos y maremotos y fenómenos así, es lo primero
que tengo en cuenta», dice el arquitecto catalán para añadir a
renglón seguido: «Aquí hay un clima más dulce, pero también se
pueden dar situaciones de riesgo que cabe prever. Hay que hacer
bien los cimientos, consolidar las montañas y canalizar el agua
antes de construir».
Precisamente, el director de las obras de consolidación y reconstrucción de la montaña, Josep Lluís Ríos, declaraba hace unos días a este periódico que la urbanización de Vista Alegre se comenzó al revés. «Primero se tendría que haber consolidado la montaña», decía Ríos, que afirmaba que ahora, después del desastre, se tendrá que hacer con «un coste mucho más elevado».
Bofill, quien aseguró seguir «un poco» todo este asunto a través de lo publicado en la prensa, no entró en el debate de si sa Caixota debería ser inedificable. Sí lo hizo, en cambio, el presidente de la Demarcación de Eivissa y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears, Antoni Marí, que, en recientes declaraciones a este periódico, recomendaba al Ayuntamiento de Sant Josep que, en la revisión de su planeamiento municipal, dejara sa Caixota como suelo inedificable. «Al igual que en un torrente no se puede construir, tampoco se debería hacer en un lugar de arcillas expansivas como sa Caixota. Lo más recomendable es que, por sentido común, la administración no deje construir allí, y mucho menos edificaciones en altura», aseguraba Marí. El Consell ya advirtió en el último pleno que el PTI no se toca y se mantiene el desarrollo urbanístico previsto en la zona, aunque con una reducción del 20% de su capacidad inicial.