El ex jefe de la Demarcación de Costas en Balears Fernando Garrido, que ahora ocupa el cargo de director general de Puertos del Govern balear, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa en calidad de imputado por un supuesto delito sobre la ordenación del territorio y contra el medio ambiente por las obras de ampliación del sendero en sa Punta Grossa, en Sant Joan, denunciadas en su día por el grupo ecologista Amics de la Terra.
Garrido declaró durante poco más de media hora y, según dijo luego a este periódico, aclaró al juez que actuó «en estricto cumplimiento de la Ley de Costas» cuando en marzo de 2004 la Demarcación de Costas de Balears concedió autorización para la realización de «obras de emergencia en el acantilado».
Rafel Pereda, abogado de Garrido, aseguró que su representado autorizó estas obras «para evitar posibles daños». «Él [Garrido] cumplió con su responsabilidad de autorizar estas obras de emergencia para acondicionar el camino y evitar que los pescadores que pasaran tuvieran un accidente», indicó el abogado, que, por otra parte, afirmó que pedirá al juez inmediatamente que «sobresea este expediente en lo que respecta a Garrido» porque, dijo, «en ningún aspecto se deduce ninguna responsabilidad penal en este tema». Insistió, en este sentido, que la ley determina que se deben autorizar obras de emergencia cuando «aparece un riesgo de daños humanos o materiales de derrumbamiento». «El jefe de Costas tenía la obligación de ejercer esta responsabilidad. Actuó con arreglo a la estricta legalidad, dentro de sus funciones y respetando el medio ambiente y la normativa existente», añadió.
El abogado reconoció que otra cosa es que «al supuesto amparo de la autorización concedida por Costas se hayan realizado otras obras, que no tienen nada que ver con la licencia dada».