La Delegación de Gobierno en Balears no tramita ninguna solicitud de arraigo laboral o social de extranjeros desde el pasado mes de julio, circunstancia que repercute en la carga de trabajo que están soportando los dos juzgados de lo contencioso de Palma.
El «cuello de botella» en la Delegación de Gobierno afecta a cientos de peticiones de inmigrantes, que intentan acelerar sus respectivas demandas acudiendo al juez.
La coordinadora de Extranjería del Colegio de Abogados, Margarita Palos, confirmó a este diario que los recursos están paralizados desde hace cuatro meses, y el portavoz de la Delegación de Gobierno, Jordi Bayona, explicó que esa situación se ha producido porque los funcionarios de extranjería, han tenido que atender más de 21.000 solicitudes de normalización en tres meses. Por ello, algunos servicios, como el que atiende las peticiones de arraigo social o laboral, han quedado desasistidos, circunstancia que se resolverá en los próximos días ya que el proceso de normalización finalizó hace un mes, dijo Bayona.
Palos subrayó que la situación planteada en la Delegación de Gobierno repercute de forma directa en los juzgados de lo contencioso, que deben atender cientos de recursos que, en condiciones normales, deberían ser resueltos por la entidad que dirige Ramón Socías.
La Delegación de Gobierno tuvo que poner en marcha un operativo especial el pasado mes de febrero, de 90 días de duración, para intentar evitar, sin conseguirlo, las colas de inmigrantes antes las oficinas habilitadas especialmente para desarrollar esa actividad.Una vez concluido el proceso de normalización, unos 30.000 inmigrantes que llevan trabajando en España «sin papeles» en los últimos seis meses de 2004 se incorporarán al mercado laboral de las Islas con todos sus derechos.