El Pacte de Sant Antoni pidió ayer la anulación de una licencia de construcción de un edificio de tres plantas situado a cinco metros del cementerio y pide que se suspenda la licencia otorgada para llevar adelante esta obra que está previsto realizar junto al camposanto.
El terreno sobre el que se levantará el edificio es propiedad de un familiar del alcalde de Sant Antoni, José Sala. Precisamente, por este motivo, el primer edil se ausentó de la comisión de gobierno del 28 de marzo de 2005 en la que se le dio la licencia de obras.
La oposición ha decidido recurrir a la Conselleria de Salut del Govern, a través de la diputada Pilar Costa, para que investigue si se cumple la legalidad vigente acerca de la construcción en las proximidades del cementerio. Este asunto también se discutió en el pleno de junio en el que el Pacte pidió la suspensión cautelar de la licencia para comprobar si el Govern permitía en su reglamentación el uso residencial junto a un cementerio.
En la normativa sobre cementerios del Govern, que data de 1997, recoge que los ayuntamientos tenían un plazo de tres años para adecuarse a la normativa, en la que establece una franja de protección de 50 metros alrededor y una segunda franja, de 150 metros, en la que no se permitían usos residenciales. «No se permite que al lado de un cementerio existan viviendas. Primero por las medidas sanitarias que se deben de tomar como precaución y después porque es un espacio de recogimiento y respeto», explicó ayer la portavoz del Pacte, Laura Carrascosa.
El Pacte asegura que el Ayuntamiento de Sant Antoni no se ha adaptado a esta normativa y «ni siquiera tramitó un expediente en el que explicaba que no podía porque había construido viviendas», añadió.Aseguró que no se trata sólo de la obra que se va a realizar sino que «ya se ha utilizado con carácter especulativo la zona del cementerio que tiene que estar protegida» y aseguró, además, que «uno de ellos es un terreno de una permuta que hizo el actual presidente, Pere Palau, de un solar rústico por uno urbano por el que aún debe dinero el Ayuntamiento».