El Ayuntamiento no ha desvelado aún de manera oficial la intención de que ses Feixes pasen a ser inedificables, aunque ya hace un tiempo que se adoptó esta decisión y así se transmitió a todos los socios del equipo de gobierno. El diputado socialista José Ramon Mateos indicó ayer mismo, por ejemplo, que el Gobierno incluirá una partida en los presupuestos del año que viene destinada a la compra de ses Feixes, precisamente porque «probablemente pasará a ser rústico». Asimismo, el secretario general de la FSP-PSOE, Roque López, indicó que su partido está trabajando «en la conservación de este espacio».
Campillo aseguró que el Ayuntamiento no tenía constancia de la operación de venta de la mayor parte de los terrenos de la Unidad de Actuación número 8 (UA-8), que abarca una superficie de 36.180 metros cuadrados situada en primera línea de mar. «No teníamos ninguna noticia de ello. El Ayuntamiento no tiene nada que ver», puntualizó. Eso sí, el alcalde, Xico Tarrés, recibió en verano en su despacho a un asesor inmobiliario y a un representante de la propiedad para conocer de primera mano las intenciones del Consistorio.
La sociedad inmobiliaria Italhispania S.L., con sede en A Coruña, se ha hecho con el control de dicha unidad de actuación por el precio de 2.000 euros por metro cuadrado, cuya cantidad se abonará progresivamente.
Por su parte, el coordinador general de Esquerra Unida (EU) en Balears, Miquel Ramon, expresó su confianza en que la compra de los terrenos suponga «un negocio ruinoso». «Tengo entendido que el Ayuntamiento no dejará edificar en ses Feixes y eso espero. No tengo más información», dijo.
El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en las Pitiüses, Josep Antoni Prats, expresó su extrañeza «por el riesgo que entraña la operación». Prats recordó que el informe jurídico elaborado por la UIB reduce considerablemente el pago de indemnizaciones a los propietarios por evitar la urbanización de la zona. «No creo que logren un beneficio importante. Me imagino que debe existir una cláusula para evitar pagos en el caso de que no puedan construir», señaló.
Prats también confía en que el Ayuntamiento no cambie nada. «No se puede cambiar una decisión en función de quién sean los propietarios. Es más, desde un punto de vista social, es mejor expropiar a una inmobiliaria que a familias ibicencas», indicó Prats, quien sí expresó «su preocupación» por el hecho de que la nueva sociedad propietaria de los terrenos, que entiende que «luchará para obtener el mayor beneficio», pueda bloquear en los Juzgados lo previsto por el Ayuntamiento.