El Colegio Balear de Arquitectos expresa su «preocupación» por las noticias aparecidas sobre el caso del arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, que informó favorablemente un proyecto redactado por su nuera, Pilar Fernández, para la construcción de 14 apartamentos, ocho dúplex, tres estudios y una piscina en la zona de ses Serretes de Cala Carbó, obra, que, según el GEN, dobla la capacidad de lo que permite la normativa. Antonio Huerta también informó a favor del recurso presentado por Fernández para levantar la suspensión cautelar de las obras decretada por el Consistorio a raíz de una denuncia presentada por la oposición.
Fuentes de la Junta Directiva del Colegio Balear de Arquitectos aseguran que las noticias publicadas en la prensa acerca de este asunto «pone en evidencia la dignidad y la integridad de la profesión», sin entrar a valorar su veracidad y el alcance de sus consecuencias. «Nos interesa que la imagen de la arquitectura y los profesionales en general estén fuera de toda duda», dicen las mismas fuentes, que, no obstante, puntualizan que, sobre el papel, parece que se trata más bien de una cuestión sobre el desarrollo de la actividad funcionarial. Precisamente, la Fiscalía ha iniciado una investigación al ver indicios de un posible delito de incompatibilidad de funcionarios.
El colectivo de arquitectos, según ha podido saber este diario, sólo podría intervenir en el caso de que alguno de los colegiados faltara al código deontológico que figura en sus estatutos, algo que cabría demostrar. «El Colegio de Arquitectos tiene la obligación de preservar la dignidad de la profesión», apuntan las fuentes. El órgano colegiado de los arquitectos, recuerdan, ya no hace informes vinculantes sobre los proyectos y se limitan a visarlos, por lo que no se puede controlar la legalidad de los mismos. Esta función de supervisión corresponde sólo a la administración. El Colegio dispone de una comisión deontológica independiente, donde se debaten los casos en los que se haya podido saltar el código ético.