El propietario de Herbusa, Vicent Bufí, y el gerente, Antoni Ribas, destacan en su recurso «la trascendencia del auto» y subrayan que, tras 16 años de «exhaustiva» instrucción practicada, «resulta manifiesta la irrelevancia penal de los hechos». «Las aludidas diligencias permiten acreditar la licitud de la actividad de ca na Putxa», que, recuerdan, explota Herbusa desde 1979 con autorización administrativa. Precisamente apuntan que en 1968 Vicente Bufí Tur, padre del actual administrador de Herbusa, obtuvo autorización del Ayuntamiento de Santa Eulària para explotar el vertedero, permiso que el Consistorio notificó en 1975 al Gobernador Civil de Balears. Ya en 1998, cuando entró en vigor la Ley de Residuos, Herbusa, según se expone en el recurso, notificó la existencia de esta actividad al Consell Insular y al Govern, aunque estas dos administraciones respondieron, apunta la empresa, que no era necesario.
En su descargo, Herbusa recuerda de que todos los ayuntamientos, incluido AENA, han utilizado sus servicios durante décadas para la recogida y el tratamiento de la basura. Defiende por encima de todo que siempre ha sido un vertedero controlado y que las asociaciones ecologistas denunciantes, en verdad, persiguen su clausura, que es, a su entender, «un fin extraprocesal ajeno al ámbito penal». Herbusa sostiene que el vertedero no es clandestino, tal y como se ha dicho. Por clandestinos, se entienden, según dice el recurso, los 139 vertederos incontrolados que existen en la isla y contra los que nadie ha interpuesto ninguna denuncia por delito ecológico. Este es el argumento que utiliza Herbusa para demostrar el interés de Hábitat y Basura, la entidad denunciante, en conseguir por encima de todo la clausura de las instalaciones.
De todos modos, el recurso de Herbusa no hace mención alguna a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España en 2003 por el funcionamiento ilegal del vertedero. El tribunal alertaba entonces del perjuicio que podían causar las instalaciones contra el medio ambiente y la salud de las personas. La sentencia hacía referencia al hecho de que las instalaciones no contaban con sistemas de impermeabilización y recogida de lixiviados. Por su parte, Hábitat y Basuras, la asociación que ejerce la acusación particular, entiende que existe un delito contra el medio ambiente y, por ello, confía en que finalmente se ordene la apertura de juicio oral. Esta asociación ecologista considera que también son responsables «las personas que han permitido el funcionamiento ilegal del vertedero» y que supuestamente ha causado la contaminación del acuífero. «Eso no se puede permitir», apuntan fuentes de este grupo. La instrucción del caso del vertedero de ca na Putxa arrancó en 1989 después de que la asociación ecologista Sial presentara una denuncia por un posible delito ecológico, a la que se sumó posteriormente Hábitat y Basuras. Dos años después, en 1991, se archivó provisionalmente, aunque años después se reabrió.