El fiscal ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión para el propietario de una granja ubicada en la zona de Puig den Valls, en el municipio de Santa Eulària, que ha sido denunciado por un particular por, supuestamente, contaminar los acuíferos de la zona con su explotación ganadera para la que, además, no dispone de licencia administrativa.
Además de la pena de prisión, el fiscal pide para este hombre, de 50 años, una indeminización de 6.000 euros para el denunciante «por daños morales derivados de las molestias causadas por la imposibilidad de disponer de agua a la que están autorizados, así como por las molestias de salud padecidas», según se apunta en el escrito de acusación.
Igualmente, el fiscal solicita para el acusado la indemnización «en la cantidad a que ascienda la descontaminación del acuífero y agua alumbrada por el pozo [propiedad del particular denunciante], a determinar en ejecución de sentencia». Según el escrito de acusación, el denunciado, con su explotación ganadera ilegal, ha esparcido y vertido abundantes residuos sólidos, como estiércol, heces y pajas, y también líquidos, como purines, orines y aguas de limpieza.
Además de no disponer de la obligada licencia municipal, el fiscal considera que esta explotación ganadera ha estado funcionando sin las autorizaciones para la protección de los recursos hídricos que marca la ley.
De igual forma, apunta el fiscal en su escrito de acusación, la granja ha funcionado incumpliendo las medidas de protección agroambiental que establece la ley para las explotaciones porcinas. Las normas exigen en este área a las granjas que dispongan de balsas de estiércol cerradas e impermeabilizadas, lo que tal vez habría frenado la contaminación del acuífero de la zona por la que el propietario de esta granja ha sido denunciado.
También es obligado para las granjas de explotación porcina disponer de un sistema de tratamiento de estiércol mediante compostaje, secado artificial u otros sistemas. También se puede entregar el estiércol a centros especializados.