B. ROSELLÓ/ EFE
Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2004 cuando la dirección del hospital convocó tres plazas para la UCP sin negociación previa con sindicatos y sin respetar las bolsas de contratación respectivas. El 5 de abril de ese mismo año, el sindicato solicita la impugnación de las convocatorias de médico, psicólogo y enfermero al entender que se cumplen una serie de irregularidades en el proceso, entre las que destaca que el mismo día en que se mantienen las entrevistas con los aspirantes se publican las adjudicaciones de las plazas. Al parecer, y según consta en las sentencias, para favorecer a la persona que en aquel momento tenía una relación sentimental con el gerente del hospital, Ignacio Martínez, calificado como un «acicate para presentar estas reclamaciones», apuntó ayer el secretario general de sanidad de la federación de CC OO de Balears, Manel García. Asimismo, el secretario general comunicó que los servicios jurídicos del sindicato «están estudiando las sentencias para comprobar si se ha cometido algún delito penal», como prevaricación o lesión de derechos fundamentales, y además, solicitaron que se ejecute la resolución del juez, «dado que no hemos recibido ninguna comunicación de reunión para acordar la adjudicación de las plazas empleando el acuerdo de contratación». De este modo, García aseguró que esta sentencia carga costas a la gerencia, «un dinero que no va a pagar él -Nacho Martínez- sino que lo pagaremos todos los ciudadanos». La sentencia deja claro la mala praxis de contratación de la gerencia, «con lo que tenemos que exigir que haya un cese, y no nos vale la dimisión, para aclarar cual es la política en materia de contratación de la conselleria y del Ib-Salut», apuntó el secretario de organización, Jaume Font.